El fiscal general Francisco Barbosa revela una serie de investigaciones por corrupción que involucran a siete exfuncionarios y seis particulares en contratos públicos en la ciudad de Medellín, arrojando sombras sobre la gestión de Daniel Quintero, quien recientemente anunció su candidatura a la Presidencia de la República. 

Los elementos de prueba dan cuenta de múltiples anomalías en el trámite y celebración de seis contratos que superan en valor los 67.586 millones de pesos. Estas imputaciones constituyen un hito en las investigaciones de corrupción que estan en curso y que capturan la atención de la opinión pública en todo el país.

El anuncio realizado por el fiscal se produce en medio de un clima político candente, ya que Daniel Quintero confirmó su intención de postularse a la Presidencia de la República en las próximas elecciones de 2026. Estas investigaciones y las posibles implicaciones legales que resulten de ellas podrían tener un impacto significativo en su carrera política.

La Fiscalía centró su atención en una serie de contratos públicos que abarcan áreas clave de la administración pública, incluyendo alimentación, infraestructura y asistencia logística. En total, estos contratos superan los 67.586 millones de pesos, y las investigaciones arrojaron unas serias dudas sobre su regularidad y legalidad.

Las imputaciones de cargos fueron dirigidas hacia siete exfuncionarios de la Alcaldía de Medellín, así como a seis particulares que se relacionaron con la administración municipal durante el mandato de Quintero. Las investigaciones se centraron en los siguientes casos:

1. Zonas Verdes: En octubre de 2020, la Secretaría de Infraestructura Física de Medellín suscribió un contrato con Metroparques por 5.250 millones de pesos, para el manejo de las zonas verdes de Medellín.

En la investigación se constató que Metroparques, a través de invitación privada, convocó a tres empresas de un mismo núcleo familiar y escogió entre ellas a la que ejecutaría el contrato.

Por este caso se imputarán los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales e interés indebido en la celebración de contratos a la exsecretaria de Infraestructura, Natalia Urrego Arias; al exgerente de Metroparques, Jorge Enrique Liévano y a la contratista Luz Eliana Henao Rodríguez.

2. Mantenimiento ‘Parque de las Aguas’: La Fiscalía identificó varias anomalías en tres contratos celebrados entre el Área Metropolitana del Valle de Aburrá y Metroparques, entre mayo de 2020 y noviembre de 2021. El objetivo era garantizar el mantenimiento y entrada en operación del Parque Metropolitano de las Aguas.

Los contratos ascendieron en valor a 17.439 millones de pesos. La Fiscalía estableció que Metroparques subcontrató con tres empresas que fueron creadas entre 2019 y 2021, una de estas dedicada a la comercialización de telas. En consecuencia, se imputará los delitos de celebración de contratos sin cumplimiento de requisitos legales e interés indebido en la celebración de contratos al representante del Área Metropolitana de Medellín, Álvaro Alonso Villada García; los exgerentes de Metroparques, Jorge Enrique Liévano Ospina y María Eugenia Domínguez Castañeda; y los representantes legales de las empresas contratistas Juan Alexander Pino Jaramillo, Yamileth Galindez Chilito y Fabio Miguel Mestre Espitia.

3. Apoyo logístico: En septiembre de 2020, Metroparques suscribió un contrato para garantizar el apoyo logístico para la realización de eventos recreativos, deportivos y de actividad física en Medellín.

El contrato fue celebrado en septiembre de 2020 y debía ser ejecutado en dos meses; pero habría recibido tres adiciones presupuestales que incrementaron injustificadamente su valor a 24.205 millones de pesos y además, se realizaron prórrogas que prolongaron el plazo de ejecución hasta julio de 2022.

Por estos hechos, la Fiscalía imputará los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales e interés indebido en la celebración de contratos a la exdirectora del Instituto de Deportes y Recreación, Diana Paola Toro Zuleta; el exgerente de Metroparques, Jorge Enrique Liévano Ospina; y el representante legal de la empresa contratante CYAN, Mauricio Jaramillo Botero.

4. Componente de atención: En marzo de 2020, la Secretaría de Educación de Medellín celebró un contrato con la corporación ‘Colombia Avanza’, por un valor total de 20.692 millones de pesos, para la atención de niños, niñas y madres gestantes o lactantes del programa ‘Buen Comienzo’. Aquí se identificaron pagos a personas que no tenían relación con el contrato, pero figuraban en los documentos como si hubieran prestado servicios, que en realidad nunca se ejecutaron. Esto generó un posible detrimento por valor de 1.400 millones de pesos.

Por estos hechos, la Fiscalía imputará el delito de peculado por apropiación a la exsecretaria de Educación de Medellín, Martha Alexandra Agudelo Ruiz; la exdirectora técnica del programa ‘Buen Comienzo’, Lina María Gil Zapata; y el contratista Henry Paulison Gómez Montoya.

Las investigaciones y el proceso legal que se avecina arrojarán más luz sobre las presuntas irregularidades en los contratos en cuestión y podrían tener un impacto en el paisaje político de Medellín y, potencialmente, a nivel nacional, considerando la reciente aspiración presidencial de Daniel Quintero.