Una inspección fiscal se adelanta desde ayer en las instalaciones de la Gobernación de Bolívar.

La diligencia la asumió directamente el contralor general encargado Ricardo Rodríguez Yee, en compañía de un grupo de expertos auditores de la sede de Bogotá.

A través de un comunicado, la Contraloría General de la República (CGR) informó que se trata de verificar y revisar in situ la contratación del departamento que fue objeto de una denuncia calificada pública a través de un medio de comunicación radial, relacionada con posibles actos de corrupción.

Rodríguez solicitó que esta visita fuera atendida por personal directivo competente de la Gobernación.

La visita fiscal de la Contraloría a la Gobernación se realizará durante toda esta semana y abarcará el examen de todos los contratos relacionados con los Juegos Deportivos Nacionales, así como el del alcantarillado de El Carmen de Bolívar.

La decisión de la Contraloría es consecuencia de la divulgación hecha por W Radio de unos audios en los que se revela un supuesto entramado de corrupción en contratación y de campañas políticas.

Aval

En esos audios resultó involucrado el candidato a la Gobernación de Bolívar, Vicente Blel Scaff, tras lo cual la directora nacional del Centro Democrático, Nubia Stella Martínez, anunció que la colectividad investiga las acciones legales para cancelarle el aval al aspirante.

“De haber conocido la grabación, el partido no hubiera otorgado el aval”, sostuvo Martínez.

“Le estamos solicitando a la Procuraduría que nos diga cómo proceder, porque jurídicamente el aval a Vicente Blel no se puede quitar”, añadió.

Por su parte, el presidente del Directorio Nacional Conservador, Ómar Yepes, contó que el apoyo a Blel será revisado por la Comisión de Ética del partido y que allí se decidirán las acciones que tomarán ante el escándalo de corrupción.

“Los avales los firmo yo, pero los entrega el Directorio Nacional Conservador. Tengo que convocarlo para hacer una evaluación de todo lo que está sucediendo y tomar determinaciones. Desde luego que hay que entregarlo a la Comisión de Ética, no hay ninguna duda, pero las determinaciones las toma el Directorio Nacional”, explicó.

Los periodistas Vicky Dávila y Antonio Canchila revelaron en W Radio audios que expondrían el funcionamiento de un cartel de la contratación en Bolívar, que involucraría a altos funcionarios como el gobernador de Bolívar, Dumek Turbay, y el presidente del Senado, Lidio García, del Partido Liberal.

Las grabaciones también comprometen a algunos líderes de casas políticas como Vicente Blel Saad (padre del candidato Blel Scaff, condenado por parapolítica), Juan José García y William Montes.

El senador García, sobre lo que dice en algunos de los audios el excongresista Blel, afirmó que se trata de un “mitómano consumado” y que “solo les pido a los entes de control que investiguen estos hechos”.

En una de las grabaciones, el gerente de Aguas de Bolívar, Miguel Torres Scaff, primo del candidato Blel, le indica a su interlocutor cómo se haría la repartición de las comisiones en la Gobernación de Bolívar, afirmando que el negocio de los políticos en Cartagena es el pago de comisiones para poder adjudicar los contratos.

Los pagos a los que se refiere serían aproximadamente del 15% del valor de cada contrato, es decir, para que el contratista reciba un contrato debe entregar dicho porcentaje.

“Ante los audios conocidos por un medio radial le he solicitado al gerente de Aguas de Bolívar que se aparte del cargo y dé las explicaciones que sean necesarias sobre los hechos ya conocidos”, precisó el gobernador Turbay. Efectivamente Torres renunció.

Turbay les solicitó a la Procuraduría, la Contraloría y la Fiscalía “acompañamiento y evaluación de nuestra acción de gobierno que ha estado siempre ceñida a la ley”.

Hallazgos

Como ya se mencionó, la primera en atender el llamado fue la Contraloría, que informó ayer que en un análisis realizado por la Central de Información Contractual “Océano” sobre la contratación realizada por el departamento de Bolívar encontró algunos casos de oferentes repetidos, ganadores de contratos que perdieron otros procesos de contratación, denuncias de presuntas colusión y ganadores con varias denuncias por este mismo hecho, entre otras situaciones.

En el informe divulgado anoche a los medios de comunicación, la Contraloría precisó que se revisaron procesos donde se repetían los oferentes, a través de uniones temporales y consorcios.

En dos procesos todos los oferentes se repetían, menos a los que se les adjudicó el contrato. En otro proceso se repetían, pero en menor proporción. También encontró que ganadores de procesos se repiten en al menos otros dos procesos, como perdedores.

En un proceso se presentaron otros tres consorcios que no se estuvieron en los otros dos procesos analizados, sin embargo, al revisar las evaluaciones se detectó que estos fueron descartados por aspectos jurídicos, técnicos o financieros, mientras que los que se repetían cumplían.