La Unidad de Investigación y Acusación de la JEP radicó escrito de acusación en contra del coronel en retiro del Ejército Publio Hernán Mejía Gutiérrez por los delitos de homicidio en persona protegida, tortura y desaparición forzada por hechos sucedidos cuando se desempeñó como comandante del Batallón La Popa de Valledupar y relacionados con 72 ejecuciones extrajudiciales.

Las mencionadas conductas criminales, a su vez, comportan todos los elementos de los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra que han sido conceptualizados en el derecho nacional e internacional.

Asimismo, la Unidad de Investigación y Acusación compulsó copias para que la Procuraduría General de la Nación, la Fiscalía General de la Nación y la Comisión Nacional de Disciplina Judicial investigue si funcionarios de la Justicia Penal Militar, procuradores y fiscales, que tuvieron bajo su responsabilidad las averiguaciones por los homicidios cometidos por militares en la época en que Mejía Gutiérrez fungió como comandante del batallón de la capital del Cesar, pudieron haber incurrido en alguna conducta que pueda ser sancionada penal o disciplinariamente.

De acuerdo con el escrito de acusación, entre diciembre de 2001 y noviembre de 2003, “Publio Hernán Mejía Gutiérrez ideó, diseñó y ejecutó a través de un Ilegal Aparato Organizado de Poder un plan criminal que consistió en asesinar personas de la población civil y presentarlas como bajas en combate, motivado por darle a la sociedad una falsa percepción de seguridad y con el que pretendió consolidar la imagen de ser el mejor oficial del Ejército Nacional”.

Mejía Gutiérrez abusó de su posición como alto oficial del Ejército y, en contravía de sus deberes constitucionales y de la lealtad que le debía a la institución de la que hacía parte, utilizó los recursos humanos, logísticos y financieros del Estado para crear en el Batallón La Popa el Ilegal Aparato Organizado de Poder a través del cual causó la muerte y desaparición de integrantes de la población civil.

En la ejecución del plan que ideó, junto con algunas de las personas bajo su mando en el Batallón La Popa, Mejía Gutiérrez hizo una alianza con el grupo armado ilegal frente Mártires del Cesar del Bloque Norte de las AUC.

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Los fiscales e investigadores de la Unidad de Investigación y Acusación establecieron que el Ilegal Aparato Organizado de Poder ideado y ejecutado por Mejía Gutiérrez siempre tuvo claro quiénes iban a ser sus víctimas: jóvenes con carencias económicas, desempleados –en algunos casos provenientes de familias desestructuradas respecto de quienes no se harían mayores indagaciones– y población campesina e indígena ubicada en zonas en las que la presencia del Estado era ausente y el accionar de los grupos armados ilegales permanente.

La investigación de los fiscales del caso estableció que, una vez se presentaron los hechos (homicidios, torturas y desapariciones), en la mayoría de los casos se alteró la escena del crimen y se acudió a toda suerte de procedimientos irregulares para hacer creíbles los operativos realizados por el Ilegal Aparato Organizado de Poder que ideó y ejecutó Mejía Gutiérrez.

De ahí en adelante, los militares corruptos contaron con la aparente complacencia de algunos funcionarios de la Justicia Penal Militar y de la justicia ordinaria para avalar los procedimientos de los uniformados y no investigar a fondo los homicidios.

Fue así como algunos fiscales y procuradores, en cuestión de días, optaban por enviar esas investigaciones por homicidios de personas indefensas a la Justicia Penal Militar para que allí fueran archivadas definitivamente.

El director de la Unidad de Investigación y Acusación, Giovanni Álvarez Santoyo, destacó la valentía de los familiares de algunas de las víctimas del Ilegal Aparato Organizado de Poder de Mejía Gutiérrez, “porque no se arredraron a pesar de los peligros que podían enfrentar para sus vidas y no se cansaron de denunciar que sus allegados no eran delincuentes y que, por el contrario, habían sido víctimas de algunos integrantes corruptos del Batallón La Popa”.