En medio de los escándalos de presuntos hechos de corrupción al interior del Ejército Nacional, el ministro de Defensa, Guillermo Botero, anunció varias medidas en este caso. 

Una de ellas fue llamar al general Jorge Romero, actual jefe de acción integral del Ejército, a calificar servicios, es decir, retirarlo de la institución.

Romero es investigado por posibles malos manejos de presupuesto que suman cerca de 1.000 millones de pesos (unos 310.000 dólares).

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Otra de las decisiones cobija al general Adelmo Fajardo, actual segundo comandante del Ejército. Varios militares, que trabajaron con él, contaron cómo debían sacar dinero para entregarle a este oficial para gastos personales y viajes de su familia.

El ministro Botero confirmó que el uniformado Fajardo pidió vacaciones, las cuales le fueron aceptadas y desde allí preparará su defensa y seguirá el curso de la investigación.

Por otro lado, el general Eduardo Quiroz, jefe del comando de apoyo a la contrainteligencia, fue trasladado a otra unidad que está por definirse. Quiroz, según Semana, habría liderado una campaña de persecución para dar con los oficiales que están dando información a los medios de comunicación sobre las irregularidades al interior de la fuerza. 

Ante esto, el jefe de la cartera de Defensa aseguró que "en las últimas horas sostuvimos reunión con Fiscalía, Procuraduría y Contraloría para evaluar situaciones de oficiales que presuntamente hayan cometido acciones irregulares. Mantenemos nuestro compromiso de cero tolerancia con cualquier comportamiento fuera de la ley".

Agregó que "ni indulgentes, ni temerarios, pero sí diligentes en cualquier caso que esté fuera del marco de la Constitución y la ley. Nos hemos tomado el tiempo necesario para analizar cada caso de manera individual".