Ejerciendo el poder preferente, la Procuarduría General de la Nación asumió la investigación que compromete a varios militares el Batallón San Mateo por la presunta retención ilegal y acceso carnal violento contra una niña de la comunidad indígena Embera Chamí, de Pueblo Rico, Risaralda. 

“Cuando se trata de investigaciones como estas se considera que dada su presunta gravedad, reiteración y afectación de los derechos fundamentales de las niñas y adolescentes, deben ser asumidas por la Procuraduría General de la Nación en cumplimiento de los fines esenciales inherentes a la entidad y dispuestos en los mandatos constitucionales”, precisó el jefe del Ministerio Público, Fernando Carrillo Flórez.

Para el organismo de control, los hechos investigados “podrían llegar a constituir afectación de derechos humanos, en atención a la condición especial de la víctima por tratarse de una menor de edad que pertenece a un grupo étnico”.

Previo a este pronunciamiento, el procurador Carrillo había advertido en su red social Twitter:

El Procurador designó como funcionario especial para llevar este proceso disciplinario al Delegado para la Fuerza Pública y la Policía Judicial, dada la situación de especial protección de la víctima y la trascendencia de los hechos como grave violación de los derechos humanos.