La condición que se le pidió a Omaira Rojas Cabrera, mejor conocida en las Farc- EP como “Sonia”, para poder acogerse a los beneficios de la JEP es decir la verdad sobre el lavado de activos del grupo guerrillero.

Si bien para el Ministerio Público es posible que la exguerrillera reciba la amnistía por el delito antes mencionado, es necesario que esta confiese la verdad plena sobre la comisión de este crimen. 

Rojas Cabrera, quien estuvo 11 años en prisión por orden de la Corte del Distrito de Columbia,  fue deportada a Colombia por solicitud del Juzgado Séptimo Penal del Circuito Especializado de Bogotá, que la condenó a 98 meses y al pago de una multa de 10.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes, como coautora del delito de lavado de activos, al encontrarla responsable de administrar los recursos económicos del frente XIV de las FARC-EP, derivados del cobro de multas y los mal llamados "impuestos de guerra".

Ante el caso, la Procuraduría recordó que para recibir los beneficios de la Sala de Amnistía o Indulto de la JEP, no es suficiente haber pertenecido a la organización insurgente, sino que los delitos cometidos deben tener relación directa con el conflicto armado.

Además, subrayó que solo en la medida en que los delitos comunes hayan sido cometidos en conexidad con los políticos, para financiar o facilitar su comisión; pueden ser objeto de competencia de la Jurisdicción Especial de Paz y por esa vía de eventuales amnistías.