Una investigación abrió la Procuraduría General de la Nación a funcionarios de la Gobernación del Atlántico y diputados de esta región por cuatro contratos que firmó la Fundación Conciencia Social con algunas entidades del departamento. Esta ONG fue nombrada en los audios que tiene la Fiscalía en la investigación que adelanta contra Nicolás Petro, el hijo del Jefe de Estado, por enriquecimiento ilícito y lavado de activos por los dineros que habría recogido a nombre de la campaña de su padre en 2022. 

El hijo del Jefe de Estado se ve involucrado en un gran escándalo que brotó en marzo pasado cuando su exesposa, Day Vázquez, informó a la prensa que su entonces compañero sentimental recogió más de $1.000 millones de  personas con oscuro pasado para la campaña presidencial de su padre. 

Vásquez señaló que Santander Lopesierra, conocido como el ‘Hombre Marlboro’, le hizo llegar a Nicolás Petro $600 millones. Este hombre pagó en Estados Unidos una condena de 18 años de prisión por narcotráfico. Volvió al país y estaba aspirando a la alcaldía de Maicao en los comicios de este domingo, pero el Consejo Electoral le revocó la candidatura. 

La mujer dijo también que Alfonso Hilsaca Eljude, conocido como el ‘Turco’, hizo llegar por intermedio de su hijo Gabriel Hilsaca a Nicolás Petro $400 millones. Este hombre es contratista en el sector del alumbrado público, sin embargo ha sido investigado en varias oportunidades por supuestos nexos con grupos paramilitares. 

En audios que tiene la Fiscalía de conversaciones de los entonces esposos, y de éstos con otras personas, hablan de la Fundación Conciencia Social y de contratos que esta ONG habría firmado con la gobernación del Atlántico para atender población vulnerable en el departamento.

Según la investigación, Conciencia Social habría suscrito 16 contratos con entidades de la costa Caribe desde el año 2013. La Procuraduría le puso la lupa a cuatro que se adjudicaron de manera directa cuando Nicolás Petro ocupaba una curul en la Asamblea del Atlántico, los cuales suman $2.738 millones.

En la indagación que inició el Ministerio Público solicitó a la Gobernación  y a la Asamblea del departamento copias de los contratos que suscribió la Fundación Conciencia Social en los últimos años,  y “una certificación en la que conste el nombre e identificación personal del servidor que ostentaba la calidad de representante legal del Departamento del Atlántico en materia contractual durante las vigencias 2021 y 2022″, según el documento de la Procuraduría que cita El Heraldo.

El entramado 

Para asegurar la consecución de los contratos por intermedio de la Fundación Conciencia Social, Day Vásquez habría mantenido comunicación con Raúl Lacouture, quien es conocido como la mano derecha de la gobernadora Elsa Noguera. En conversaciones interceptadas por las autoridades, se hace referencia a la necesidad de revisar y firmar los contratos, lo que sugiere una posible influencia en el proceso.

Además, se descubrió que varias personas cercanas a Day Vásquez, Nicolás Petro y a los representantes de la Fundación Conciencia Social, estuvieron involucradas en la ejecución de estos contratos. Entre ellos se encuentran Liceth Castro (madre de Day), Andrea Fernanda Henríquez Villalba (una psicóloga recomendada por Day) y Kesey Samir Cuesta Rocha, quien se registró como primo de Day.

Según la Fiscalía, se estima que al menos 160 millones de pesos de los 400 millones invertidos en los contratos se desviaron. La mayor parte de estos fondos (120 millones de pesos) habrían beneficiado a Day Vásquez, mientras que los restantes 40 millones habrían sido destinados a Gustavo Adolfo de la Ossa Vélez y Pedro Name.

Day Vásquez es investigada por los delitos de lavado de activos y violación de datos personales; mientras que Nicolás Petro, como se dijo, es investigado por la Fiscalía por lavado de activos y enriquecimiento ilícito, y en los próximos días será imputado después de que suspendió la colaboración que había prometido conn la justicia para dar cuenta de los dineros que recogió a nombre de la campaña de su padre.

También el exdiputado es investigado disciplinariamente por la Procuraduría por las presuntas irregularidades por recibir estos dineros.