La ley de financiamiento vuelve a la agenda del Congreso de la República, y en los próximos días la Cámara de Representantes deberá nombrar los ponentes para el proyecto que el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Hacienda, presentó ante la célula congresional hace varias semanas.
Es bueno señalar que el Gobierno Nacional tiene mayorías en la Cámara de Representantes; sin embargo, en la Cámara Alta, es decir, en el Senado de la República, las cosas son a otro precio y la oposición marca la diferencia y se hace sentir en contra de los proyectos del Gobierno Nacional.
Pese a que el presidente del Senado, el conservador Efraín Cepeda, se pronunció sobre el particular y aseguró que el proyecto no tiene futuro en esa célula congresional, ya que el Gobierno presentó un presupuesto desfinanciado para 2025 por 523 billones de pesos, algunos parlamentarios consideran que el error que tiene en vilo el propósito del Ejecutivo para conseguir mayores recursos está en haber ligado gastos como los recursos departamentales a esa ley de financiamiento. Como se sabe, el debate arranca por la Cámara de Representantes, en donde la iniciativa tiene voces a favor y en contra, pero sobre el cual los congresistas deben definir en las próximas semanas una ponencia positiva o negativa al respecto.
Sin embargo, frente al incierto panorama que tiene la propuesta del Ejecutivo, y lo que pueda suceder en las discusiones, varias de las bancadas han señalado que no hay ambiente político para iniciar los debates. Las afirmaciones provienen en su mayoría, de las colectividades de oposición y, en este sentido, EL NUEVO SIGLO consultó con varios representantes a la Cámara, quienes refirieron sobre el particular aspectos que consideraron importantes al hablar de esta controversial propuesta.
Para partidos como Cambio Radical, el escepticismo sobre el proyecto de reforma tributaria está a la orden del día, pues inicialmente la representante Lina María Garrido manifestó que “si las discusiones se llevan con la misma prepotencia y falta de garantías por parte del Gobierno Nacional, creo que la ley de financiamiento va a tener el mismo resultado que el presupuesto general. Sin embargo, ya hay una solicitud de encuentro entre las comisiones económicas y el presidente Petro al respecto. Desde Cambio Radical nos mantenemos en la posición de que esto no es conveniente para los colombianos; al contrario, e inclusive la misma reforma laboral que impone mayor carga tributaria a quienes generan empleo y más carga tributaria, van a asfixiar a quienes hoy están sosteniendo la economía”.
Poco espacio de maniobra
A su turno, el representante Víctor Salcedo, quien hace parte de la misma colectividad, explicó que, “se hacen todas las cosas al revés, porque presentar un presupuesto e incluida una reforma tributaria vestida de ley de financiamiento que ni siquiera ha sido sometida al Congreso, me parece que desde ahí hay una prevención de los legisladores frente a la ley de financiamiento. Siempre he dicho que más reformas tributarias con las que les vamos a meter más la mano al bolsillo de los colombianos, no debemos tener en cuenta eso, Además la reforma tributaria que debía presentar este gobierno ya se aprobó”.
Además de la reactivación económica que busca el Gobierno con esta ley de financiamiento, ligó al proyecto los recursos para las regiones, aplicó un impuesto al carbono y les va a cobrar IVA a las apuestas por internet. Frente a este panorama, el representante Álvaro Monedero, del Partido Liberal, afirmó: “Al ser negado el presupuesto general, y tener que fijarse por vía decreto, se generó un inconveniente, el Gobierno tendrá que sacar el monto por $523 billones, que seguirá desfinanciado, y el problema es que si no se consiguen esos $12 billones se verá afectada la inversión que se necesita para la reactivación económica. Sé que hay dudas sobre la ejecución de este Gobierno, pero si no está la plata, será la excusa perfecta para decir que la culpa es del Congreso, que no quiso aprobar, y por eso seguimos en esa espiral de incertidumbre. En esa ley se tocarán los temas que venían en el presupuesto y que no pueden ser incluidos en el decreto, como por ejemplo los recursos para los territorios a través del Fonpet, porque es importantísimo que los entes territoriales funcionen. Así que hay temas que se deben estudiar y aunque no haya ambiente en el Senado, en la Cámara de Representantes hay que dar el debate y esperemos que salga una ley que no vaya a afectar el bolsillo de los colombianos en cuanto a los impuestos, pero sí hay que darle facultades como anticipar la regla fiscal y la propuesta de normalización tributaria, entre otras”.
De igual manera, el representante Juan Espinal afirmó que “con la caída del presupuesto general para la vigencia de 2025, automáticamente se le cayó al Gobierno la ley de financiamiento, pero sí hay un punto que nos viene preocupando, que es el impuesto al carbono que este Gobierno ha tratado de modificar y de estatizar desde el Plan Nacional de Desarrollo, donde nosotros no permitimos que se incluyera y lo frenamos con la creación de la Agencia de Acción Climática, que era una facultad especial al presidente y a la ministra de Ambiente. Por el momento no le veo ambiente a ese proyecto en el Congreso de la República y creo que no va a haber un debate de esa reforma. La situación económica del país no está bien, como muchos sectores del país no van por buen camino. Quedó claro para los colombianos que el presupuesto que presentó el Gobierno estaba desfinanciado y que el Congreso lo negó y archivo. Ahora le corresponde al presidente emitir un decreto con el presupuesto de 2025 ajustado fiscalmente a las condiciones económicas del país, para que no se le caiga el decreto en la Corte Constitucional”.
Impuestos que preocupan
En este sentido, el representante Óscar Darío Pérez, indicó que “no se deben tener en cuenta los 12 billones del financiamiento, porque se trata de una reforma tributaria que el Congreso no va a aprobar. Porque esta es una medida que retrasa el crecimiento económico, es regresiva, ya que genera más desconcierto y desconfianza. Razón por la cual el Gobierno debe buscar otras alternativas sin afectar el bolsillo de los colombianos. Esa reforma tributaria que pretende imponer el Gobierno es muy gravosa”,
Posteriormente la representante Carolina Arbeláez, de Cambio Radical, apuntó sobre el particular que “la ley de financiamiento es una reforma tributaria que les urge aprobar para tramitar gastos que no aportan mayormente a la inversión social del país, sino a la burocracia. Desde el año 2022 a la fecha, han incrementado en más del 40 % el presupuesto general frente a una ejecución muy baja. Advertimos de los riesgos económicos sobre la primera reforma tributaria aprobada al inicio de este Gobierno y que terminó afectando a los trabajadores, a los empresarios, a los emprendedores y el bolsillo de las familias colombianas. La ley de financiamiento presentada por el Gobierno aumenta los impuestos a las personas naturales, al patrimonio, a las ganancias ocasionales, lo que significa que usted va a pagar más impuestos cuando venda su casa o su propiedad; también pondrán impuestos a los combustibles, lo que incrementa el precio de la gasolina y el diésel y causa un impacto negativo en la inflación. Desde ya anunció mi voto negativo a la ley de financiamiento que nos quieren clavar para financiar el derroche, la burocracia y la corrupción. No más atracos tributarios”.