LA PROCURADURÍA General de la Nación, adelanta un proceso de seguimiento al SENA, por presunta contratación irregular con la empresa Internexa, una compañía encargada de ofrecer servicios de conectividad para internet. En el marco de las investigaciones la Procuraduría, advirtió de nuevos escándalos por presuntas irregularidades en contratación sacuden al SENA, entidad a la que la Procuraduría le viene haciendo seguimiento, especialmente, en contrataciones que tienen que ver con servicios de plataformas tecnológicas.

Además, el ente disciplinario agregó que esta vez el tema que tiene al SENA en la mira del Ministerio Público tiene que ver con la empresa Internexa con la que habría suscrito un convenio que derivó en varios subcontratos, vulnerando presuntamente principios y normas del Estatuto General de la Contratación Pública.

Así va la investigación

Los procedimientos contractuales permitieron la realización de un convenio firmado el 28 de diciembre de 2023 que tiene como objeto: “Aunar esfuerzos y recursos técnicos, jurídicos, físicos, administrativos y financieros con el fin de suscribir convenios y/o contratos derivados que permitan formular, estructurar, ejecutar, diseñar, implementar y articular estrategias que garanticen la continuidad de los Servicios TIC, infraestructura tecnológica y acceso a internet de todas las sedes del SENA”.

Tras varios meses de seguimientos y ante las presuntas irregularidades, un grupo especializado de la oficina del procurador delegado Marcio Melgosa, la entidad estableció que “el SENA suscribió un convenio marco en cuyo proceso no hubo participación ni pluralidad de oferentes y del que se derivó otra contratación directa con Internexa S.A. por $65.381.813.000, en el que la parte contratada no es la única encargada en el mercado de prestar los servicios requeridos, y en el que no existiría integralidad ni interoperabilidad como consecuencia de la misma contratación derivada”.

La Procuraduría estableció que la entidad educativa buscó a todas luces el favorecimiento de la compañía Internexa S.A., sin verificar las propuestas de otros oferentes, y evidenciando intereses particulares en torno al proceso de contratación al dejar de lado un proceso licitatorio para tal fin. A esto se suma que INTERNEXA no fue identificada como posible proveedor de los servicios contratados y, además, al parecer, no tiene la experiencia ni idoneidad requeridas para tales propósitos.

El más reciente informe

El análisis de los documentos allegados a la investigación y el aporte del material probatorio, le han permitido al despacho del funcionario hallar un procedimiento de subcontratación por parte de la compañía con la cual está vigente el convenio del SENA. En este sentido, como lo advierte el Ministerio Público llama la atención para el delegado de la vigilancia de la función pública que la entidad haya recurrido a la contratación directa con Internexa para luego acudir, a través de esta, a subcontratar la totalidad de los servicios requeridos saltándose un proceso de selección.

Las próximas semanas, la Procuraduría dará a conocer las primeras determinaciones que rodean este nuevo escándalo de contratación. Para ello no solo anuncia la apertura formal de un proceso de investigación, sino que, además, convocará a los funcionarios que considere responsables de estas posibles inconsistencias.

Ante las presuntas violaciones al régimen de la contratación pública, el ente de control requirió a las directivas del SENA para que remitan explicaciones sobre la contratación realizada hasta el momento, así como los montos, costos y procedimientos.

El SENA dispone de un tiempo estimado para enviar la documentación y presentar las explicaciones requeridas al respecto por el ente disciplinario que permita a los investigadores concluir el proceso adelantado y emitir las sanciones a que haya lugar en caso de ser necesario.

Como se sabe, las sanciones estimadas por la Procuraduría General, van desde la destitución del cargo hasta la inhabilidad para ejercer cargos públicos por el presunto mal manejo de recursos del orden nacional o ante la comisión de otros hechos que permita inferir mecanismos de penalización.

Además, en algunos casos dichas sanciones se determinan en una medida de por vida para evitar que quienes cometen actos irregulares, vuelvan a contratar con el Estado, debido en razón, a la función principal de la Procuraduría General que consiste en atacar las acciones que van en contra de la finalidad del Estado que es la inversión social en los distintos aspectos.