La Procuraduría General de la Nación solicitó a la Corte Constitucional declarar infundadas las objeciones del gobierno frente al proyecto de ley que reduce la cotización mensual al régimen contributivo de salud de los pensionados; pidió que los efectos de la ley rijan a partir de su promulgación. 

El ente de control recordó la importancia de la norma constitucional que afirma que la sostenibilidad fiscal no debe ser entendida como una barrera para restringir el alcance o protección efectiva de los derechos fundamentales, sino como un imperativo de búsqueda de alternativas para su efectiva concreción.

El Ministerio Público solicitó a la Corte que en caso de que el “único vicio del proyecto” estuviera fundado en la escasez de recursos, evalúe la posibilidad de modular su aplicación y armonice así la progresividad con la viabilidad de las políticas legislativas objeto de juicio.

Finalmente, el ente de control ratificó que los pensionados conforman un grupo de especial protección constitucional, y que el legislativo puede otorgarles un trato preferencial con el fin de hacer efectivo el principio de solidaridad.