A la petición de la Fiscalía de que se le dicte medida de aseguramiento intramural al contralor de Bogotá, Juan Carlos Granados, se sumó en la audiencia de ayer la Procuraduría.

Granados está acusado de los delitos de concierto para delinquir, interés indebido en la celebración de contratos y tráfico de influencia de servidor público, conductas en las que habría incurrido cuando aspiraba a ser gobernador de Boyacá y habrían continuado luego cuando ejercía dicho cargo.

Luego de varias horas de audiencia en la que se escuchó a Granados, el magistrado que tiene el caso en el Tribunal Superior de Bogotá ordenó un receso hasta el viernes 16 de noviembre a las 9 de la mañana.

Granados asumió su propia defensa y aunque admitió que conoció a Luis Bueno y Eleuberto Martorelli, directivos de Odebrecht, solo lo hizo hasta 2013 en calidad de gobernador de Boyacá, pero no como candidato.

También negó haber recibido por parte de los directivos de Odebrecht la suma de 200 millones de pesos para financiar su campaña.

Sin embargo, la Fiscalía planteó que existen evidencias que demostrarían que Granados sostuvo varias reuniones con el exsenador Plinio Olano, de La U, y directivos de Odebrecht en Colombia, entre otros, para “pactar una estratagema para lograr un desembolso de 200 millones de pesos a cambio de financiar su candidatura a la Gobernación y favorecer a la multinacional”.

Al desestimar dichas pruebas, que indicarían que Granados habría pactado la entrega a Odebrecht del contrato de la vía Duitama-Charalá-Sangil, el acusado expuso que la multinacional brasileña en su momento ni siquiera presentó propuesta para acceder de manera formal al proyecto.

Como evidentemente Odebrecht finalmente no se interesó en la obra, según la Fiscalía existió un plan B acordado en otra reunión: la posible participación de esa compañía en un proyecto de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) para ampliar la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) Salitre, en Bogotá, negocio que tampoco se concretó porque coincidió con el escándalo por el pago de sobornos en al menos 12 países de tres continentes.

“Esta reunión fue en el apartamento del entonces Gobernador y el objetivo consistió en determinar qué debía hacer Odebrecht para preclasificar en este proyecto”, precisó la Fiscalía.