Cualquier Institución Prestadora de Servicios (IPS) del país quedaría facultada para atender de urgencia al usuario que lo solicite. Ésta es una de las medidas que propone la Alianza Somos 14+1, una entidad que representa más del 80% de la oferta hospitalaria de salud en Antioquia.

En efecto este grupo ideó una política pública con la que se busca, a través de tres medidas específicas, esto es, el régimen sancionatorio, el control, la vigilancia y la garantía de la atención inicial de urgencias en cualquier IPS del país, ofrecer soluciones a la crisis del sistema que, a la fecha, ha dejado una deuda a las clínicas y hospitales del país cercana a los $8 billones.

Señala la alianza que “una de las partes involucradas y más afectadas son los hospitales y clínicas que prestan los servicios a la población y que hoy en día también se han visto perjudicados por el mal manejo que se ha evidenciado en el sistema. Prueba de esto son los cierres de camas que se han presentado en diferentes instituciones, pues éstas han dejado de prestar sus servicios porque las Entidades Promotoras de Salud (EPS) no han generado los pagos que les permitan a las respectivas instituciones financiar sus servicios”.

Además sostienen que “lo más preocupante es que gran parte de los cierres se han ejecutado en áreas pediátricas afectando directamente a la niñez del país. En Bogotá, a 2016, ya se habían cerrado 350 camas destinadas a la atención de niños, y en total ya llegaba a 1.000 el número de camas, para este mismo fin, que habían dejado de funcionar”.

Soluciones a corto plazo,

El grupo en su propuesta afirma que en cuanto al régimen sancionatorio, la política avala la potestad de la Superintendencia de Salud de imponer, previa solicitud de explicaciones, multas de hasta 2.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes, en caso de violación de los artículos relacionados con la falta de atención en urgencias en cualquier clínica u hospital del país, independientemente de la capacidad de pago del paciente, el libre albedrío para que el empleado escoja su entidad promotora de salud o que la entidad no cumpla con los estándares solicitados por el Gobierno nacional, entre otros.

 Desde el Congreso de la República ya han sido planteadas soluciones similares a las contenidas en esta política pública. Una de éstas tiene que ver con garantizar a todos los colombianos la atención inicial de urgencias en cualquier IPS del país.

De acuerdo con el artículo radicado recientemente en el Congreso, “las EPS o las entidades territoriales responsables de la atención a la población pobre no cubierta por los subsidios a la demanda, no podrán negar la prestación y pago de servicios a las IPS que atiendan a sus afiliados. El incumplimiento de esta disposición -que aún está siendo estudiada en el Congreso de la República-, será sancionado por la Superintendencia de Salud con multas, por una sola vez o sucesivas, hasta de 2.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMLMV) cada una, y en caso de reincidencia podrá conllevar hasta la pérdida o cancelación del registro o certificado de la institución”.

Por su parte, los candidatos presidenciales muestran una tendencia a promover, en sus gobiernos la prevención, la búsqueda de nuevas fuentes de financiación, el control de la evasión y la corrupción, así como el pago de las deudas que tiene el sector como medidas a la crisis.

De esta manera, algunos proponen aumentar el porcentaje del PIB destinado a la salud, otros enfatizan en la prevención y otros se inclinan a la formalización de empleos para aumentar los aportes al sistema que permitan darle un empujón financiero.

Lo que está claro es que el problema está vigente, que las propuestas de los candidatos son viables y que, adoptando políticas claras y realizables como la planteada por la Alianza, la situación del sistema puede mejorar.