Durante esta semana, diversas instituciones de educación primaria y media regresarán de vacaciones para dar inicio oficial a la temporada escolar 2024,  que llega con importantes retos en materia de calidad, seguridad y garantías en la transparencia de los recursos provenientes del Estado y de padres de familia para la educación.

Bajo esa premisa, este medio habló con Vicky Vera Perdomo, presidenta de la junta directiva de Asociación de Educación Privada (Adecopria), quien explicó que el cálculo del incremento de los costos de los privados se hizo siguiendo parámetros establecidos por el Ministerio de Educación Nacional. 

Estos son la clasificación de la institución entre el régimen (controlado – libertad vigilada – libertad regulada – libertad regulada calidad), índice de permanencia (dado a cada institución por el Simat), inclusión educativa y el IPC teniendo en cuenta el de agosto de 2023, así como el Decreto 2277 de 1979 (salario docente). 

“En Otros Cobros, la institución puede agregar salidas pedagógicas, entre otros, siempre que estén muy bien fundamentados. Es importante tener en cuenta los análisis y proyecciones hechos por Fenalco, Fedesarrollo y el Banco  de la República para la toma de decisiones durante el 2024, comenzando por el incremento del 12 % en el salario mínimo legal y otras reformas y diferentes impuestos”, afirmó. 

A su turno, Walther Abondano, presidente de la Asociación Colombiana de Educación Privada (Asocoldep), explicó que el Ministerio de Educación expide una resolución que reglamenta los costos educativos periódicos y otros que se llaman Otros Cobros. 

“Los primeros hacen referencia al gasto de matrícula y pensión, en ese caso, los colegios no pueden aumentar sus tarifas, sino únicamente con lo que determina el Ministerio, y esa determinación se hace con base en la categoría de los colegios. Hay colegios que tienen libertad regulada y otros que tienen libertad controlada; los que tienen libertad regulada tienen una tarifa un poco más alta que los otros, pero todos los colegios deben sujetarse al porcentaje de aumento que da el Ministerio respecto a otros cobros periódicos que tienen que ver con el proyecto educativo institucional”, indicó el presidente de la Asociación.

En este sentido, enfatizó que los cobros por el acceso a currículos internacionales, laboratorios de idiomas, laboratorios de informática, entre otros, deben aparecer en el Manual de Convivencia y deben ser aprobados por el Consejo Directivo, en donde hay participación de padres de familia, directivos del colegio, profesores, estudiantes, exalumnos y un representante del sector productivo.

Migración estudiantil 

Según cifras del Ministerio de Educación, en el último año se presentó un tránsito de estudiantes de educación pública a privada. Al respecto, Vicky Perdomo aseveró que la educación es un derecho fundamental y lo privado lo apoya para dar cumplimiento en cobertura. 

“Todos buscamos la calidad educativa, que vista de manera integral tiene en cuenta lo académico (innovación y resultados prueba Saber, entre otras pruebas), la infraestructura (espacios de aprendizaje), la capacidad de acompañamiento en el aula (número de estudiantes por docente) y la educación en gestión emocional. Para que esta calidad sea posible, se requiere de grandes inversiones, y es ahí en donde las instituciones privadas hacen su gran esfuerzo con los recursos propios (pagos de las familias).

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Así mismo, las instituciones públicas se esfuerzan con los recursos entregados, los cuales no son lo suficiente y los presionan a dar resultados (algunos pocos lo logran) y deben recurrir a sacrificios como el aumento en el número de estudiantes por aula y contar con pocos profesionales de la salud mental para el acompañamiento, entre otros. En esta situación, las familias en la toma de decisiones se debaten entre una educación con calidad y el costo de la misma”, explicó. 

Agregó que hay algunas pocas historias de familias que se mueven a lo privado buscando mejor acompañamiento a su hijo y estrechando su economía. “En este sentido, los privados otorgamos becas parciales y totales, según sea el caso, para apoyar y como un deber de responsabilidad social. Lo público y lo privado deben integrarse, unirse para el bienestar de la sociedad, porque la educación es una sola y es el eje de desarrollo de un país”, aseguró.

Retos por resultados previos en pruebas educativas

Tras los preocupantes resultados en las pruebas PISA para Colombia, el presidente de Asocoldep advirtió que el sistema educativo colombiano tiene un reto enorme a la hora de actualizar el currículum. 

“Desafortunadamente en Colombia la actualización del currículum no se ha realizado desde hace 29 años, seguimos con los estándares de 1994 y ahí tenemos un retroceso enorme frente al resto del mundo, desde la evaluación de los docentes, de los sistemas, de los enfoques pedagógicos de los colegios, los sistemas de evaluación, etcétera. Por eso me parece muy pertinente el debate que se está llevando a cabo para la elaboración de la Ley Estatutaria de la Educación, ojalá esa ley redunde en una serie de compromisos que comiencen a hablar de una buena vez de la calidad educativa”, enfatizó.

A su turno, la presidenta de la junta directiva de Adecopria señaló que los resultados arrojan la necesidad sentida de un currículo flexible y contextualizado. Indicó que se necesita una educación inclusiva que, además de la diversidad de gustos y creencias, también contemple la singularidad de diversidad de capacidades y estilos de aprendizajes. 

“El reto mayor es fortalecer la gestión emocional para empoderarlos de decisiones asertivas y el aprovechamiento de la lnteligencia artificial al servicio de la humanidad. Aprender al menos tres idiomas, teniendo en cuenta el computacional. La educación debe volcarse hacia jóvenes líquidos, quienes con la información al instante y la capacidad de análisis, pueden lograr desarrollo intelectual a una velocidad más rápida y más efectiva. Para mejorar los resultados en los estudiantes, se hace necesario  contar con profesores dignificados en su profesión, capacitados, acompañados y valorados”, sostuvo. 

Garantías de seguridad

Finalmente, en lo que respecta a garantías de seguridad para los estudiantes en los diversos entornos educativos, incluyendo rutas escolares, Perdomo explicó que las instituciones pueden asegurar que hacen todo lo posible para mantener un ambiente protector en todo sentido para los estudiantes: cámaras, debido proceso y levantar las rutas de acompañamiento, psicólogos y colaboradores que identifican posibles riesgos, entre otros.   

“En este punto la seguridad es corresponsabilidad de todo adulto que rodee un menor: familia, instituciones y Estado. Las instituciones privadas realizamos una estricta selección del personal y un seguimiento cercano a todos los colaboradores. Además, somos expertos en contenidos de formación para los estudiantes, para mantener un ambiente de confianza y sana convivencia; sin embargo, no somos los únicos responsables, un estudiante cuenta con su libre albedrío para tomar decisiones (acoso escolar, por ejemplo) y también es básico el acompañamiento familiar y de otros cuidadores. El Estado es el que debe garantizar la seguridad de todo el entorno”, afirmó. 

Por su parte, Abondano sostuvo que los colegios deben garantizar la seguridad física, pero sobre todo la emocional, de los estudiantes. 

“Después de la pandemia pudimos evidenciar una enorme cantidad de dificultades frente a la parte emocional; hoy en día es común hablar de depresión, angustia, tristeza profunda, miedos, y eso lo tenemos que trabajar desde los colegios. En las instituciones privadas existen equipos bastante sólidos de psicólogos expertos que están atendiendo a los niños; desafortunadamente no es así en los colegios oficiales, porque desde la aplicación de la Ley 715, que fue aprobada en el gobierno de Pastrana, se abolieron psicólogos en los colegios. Una de las grandes cruzadas en el mundo es recuperar la estabilidad emocional de los niños”, concluyó.