Cuatro miembros de la Primera Línea, identificados como Wilson Reinel Moreno, Justo Ernesto Villarraga, Érika Lorena Flórez y Greissy Alexandra Perilla, fueron condenados a más de 19 años de prisión por el Tribunal Superior de Bogotá.

La sentencia, dictada por el magistrado Jaime Andrés Velasco, confirma los cargos de concierto para delinquir, terrorismo, violencia contra servidor público, daño en bien ajeno y perturbación del transporte público. Estos jóvenes inicialmente negaron los cargos, pero la sentencia ratificó su participación en los disturbios de noviembre de 2021.

El fallo se basó en pruebas contundentes presentadas por la Fiscalía, que incluían interceptaciones telefónicas y evidencias de reuniones con exmiembros de la guerrilla de las Farc. Estas pruebas demostraron que los acusados organizaron y coordinaron entrenamientos para infiltrar de manera violenta las manifestaciones que tuvieron lugar los días 21 y 22 de noviembre de 2021.

El magistrado Velasco destacó que las interceptaciones telefónicas jugaron un papel crucial en el caso. Estas grabaciones revelaron cómo los acusados planificaron y ejecutaron el entrenamiento de estudiantes universitarios para que se integraran violentamente en las protestas. En particular, se señaló a Érika Lorena Flórez Durán como la principal coordinadora de estos entrenamientos.

"Florez Durán, fue la coordinadora y estructuradora para entrenar a los jóvenes en las universidades, ¿y para qué los iban a entrenar? ¿para jugar fútbol, jugar ajedrez, tocar un instrumento? no, los entrenaban para infiltrarse de forma violenta en las manifestaciones como sucedió" explicó Velasco. Además, se comprobó que los condenados se reunieron en Soacha con un excombatiente de la columna Manuel Marulanda Vélez de las Farc, lo que sugirió una conexión con grupos armados ilegales.

El magistrado Velasco subrayó que, aunque la protesta social es un derecho fundamental, las acciones de noviembre de 2021 excedieron los límites de la protesta pacífica y se convirtieron en actos vandálicos que perjudicaron gravemente a la ciudadanía. La sentencia de 19 años busca no solo sancionar a los responsables, sino también enviar un mensaje claro sobre las consecuencias de incurrir en actos de violencia durante manifestaciones.

Esta ratificación de la condena a los miembros de la Primera Línea marca un precedente importante en la justicia colombiana respecto a la violencia en las protestas, reafirmando el compromiso de las autoridades en preservar el orden público y proteger los derechos de todos los ciudadanos.