EL NUEVO SIGLO: ¿Cómo ven desde Asonal la reforma a la Justicia que discute el Congreso?
LUIS FERNANDO OTÁLVARO: Consideramos que en esa reforma no existen mecanismos para superar la morosidad, para superar la congestión, para mejorar la eficiencia y por supuesto el acceso a la administración de justicia.
Que hay unos avances importantes en torno a generar un presupuesto un poco mayor de lo que crece el Presupuesto General de la Nación, que fue una reforma introducida en la Comisión Primera del Senado a voces del doctor Petro. Eso es un avance, pero no compensa todo el tiempo que hemos tenido de desfase del presupuesto con la demanda de justicia. Hablamos que en los últimos 15 años hay una demanda de justicia de un 322%, mientras que la justicia solamente se ha incrementado en un 23%. Significa que año tras año tenemos un déficit de justicia bastante alto y por eso hoy por hoy no podemos tener el músculo necesario para darle solución a toda esa congestión de procesos y a la gran demanda que a diario se va incrementando en el país a nivel laboral, a nivel de las demandas administrativas y por supuesto civiles, en donde han incrementado las demandas civiles tanto por procesos ejecutivos como por ordinarios en una forma geométrica e igualmente en penal.
Digamos que se requiere de una vez por todas darle un presupuesto que represente un porcentaje del Presupuesto General  de la Nación para que la Rama Judicial pueda darle respuesta a todo ese pedido. En el transcurso del tiempo se irá viendo esa solución porque también tiene que compensarse con el Plan Nacional de Desarrollo, en donde debe hacerse un estudio de cuánto es la carga probable que deben tener los funcionarios para poder ser eficientes, sobre todo en un sistema oral, porque en la oralidad hay que decidir inmediatamente en la audiencia sobre los recursos.
En estos casos para las audiencias que se están programando para el año 2021 y 2022 no hay los mecanismos necesarios, no hay el número de jueces suficiente, no hay el número de fiscales, no hay salas de audiencia, no hay apoyos técnicos. Todo eso retrasa y por eso para nosotros un punto esencial es el presupuesto.
ENS: ¿Qué más les preocupa de este proyecto de reforma constitucional?
LFO: Creemos que el juez debe ser autónomo e independiente para decidir los casos, y en el proyecto que se está en este momento discutiendo hay una situación que obliga a que el juez acoja lo decidido por los superiores como, digamos, un mandato, cuando la Constitución lo que establece es que el juez para decidir el caso debe de acudir a la Constitución misma, a la ley y por supuesto a la jurisprudencia, pero no beber directamente de la jurisprudencia. O sea, primero está la Constitución que integra el bloque de constitucionalidad con el Artículo 97 y los tratados internacionales que velan por los derechos humanos.
Se está cercenando la posibilidad de que el juez beba directamente de los principios constitucionales tanto contenidos en la Constitución como en los tratados, y eso es para nosotros un punto supremamente grave que se introduzca esta limitante en la reforma a la justicia.