A un pacto de Estado por la digitalización de la justicia que logre un sistema eficiente, descongestionado, transparente y en especial, que permita el acceso de los ciudadanos y brinde garantías y respeto por las libertades fundamentales, llamó el procurador General de la Nación, Fernando Carrillo Flórez.

El Jefe del Ministerio Público consideró que la preocupación de la gente no está en las altas cortes, en las inhabilidades e incompatibilidades de los magistrados, sino en lo que la afecta día a día. Precisamente estos últimos y otros asuntos contempla la reforma a la Rama que recientemente presentó un borrador el Gobierno a los partidos.

En la instalación del seminario “Digitalización de los sistemas de justicia”, el Jefe del Ministerio Público enfatizó que “las preocupaciones del ciudadano no están en las altas Cortes, en las inhabilidades e incompatibilidades de los magistrados, en el funcionamiento de la Rama, que es importantísimo sin duda, sino en las preocupaciones de hoy y la tendencia de la reforma judicial a nivel global y particularmente en América Latina tiene que ver con el ciudadano que es sujeto de derechos, tiene que ver con el acceso a la justicia, tiene que ver con la justicia básica, con la justicia territorial. Es decir, el ciudadano tiene que ser el epicentro de esta reforma”.

En cuanto a su invitación a un “pacto de Estado por la digitalización de la justicia”, el Procurador  General dijo que tiene que ser “un verdadero pacto hacia la transición tecnológica, que compromete tanto la prestación del servicio de justicia como la garantía de los derechos de los colombianos”.

Agregó Carrillo que “de nada sirve adoptar las nuevas tecnologías si no estamos dispuestos a promover un cambio cultural, para que los ciudadanos y funcionarios se apropien de las herramientas y potencialicen la digitalización. La justicia digital debe llegar a todos los territorios del país”.

Enfatizó también en la necesidad de avanzar en los desafíos del futuro de la administración de justicia, siempre teniendo como centro a los ciudadanos y el acceso a la justicia básica y territorial, como la clave de la reforma que necesita el país.

La reforma del Gobierno

En días pasados el presidente Iván Duque dio a conocer los lineamientos de la reforma a la justicia que presentaría este año al Congreso. En este contexto, el Jefe de Estado habló sobre la necesidad de “tener un expediente electrónico y de avanzar hacia la digitalización de la Rama Judicial” e indicó que sobre ese aspecto se avanza en una operación de crédito con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). “Esperamos que se finiquite en su aprobación ahora en la Asamblea que tendremos en Barranquilla (del 18 al 22 de marzo)”, agregó.

Señaló sobre el expediente electrónico que hay un gran compromiso para presentar un piloto “donde el ciudadano pueda, de manera clara, darse cuenta de que ágilmente se puede consultar, desde el antecedente y el precedente, hasta facilitar el trámite mismo del expediente”.

Calificó ese proceso como vital “para los pasos que demos para ir llevando todas esas capas de digitalización hasta los municipios de nuestro país. Pero creo que ese es un primer gran avance”.

La práctica

Destacó también que cursa en el Congreso de la República una iniciativa que fortalecerá los consultorios jurídicos. “Eso es para volver a acercar la academia y los fundamentos teóricos del derecho hacia una implementación práctica, por parte del estudiante, permitiéndole resolver causas de manera rápida que son demandadas por los ciudadanos, y particularmente por los más vulnerables”, explicó.

En cuanto al borrador de reforma a la justicia que la  ministra Margarita Cabelló presentó a las comisiones Primeras del Congreso, entre otras propone establecer los 50 años de edad como uno de los requisitos para ser magistrado de alta Corte, así como aumentar el periodo de éstos de 8 a 12 años.

También establece introducir la convocatoria pública para los aspirantes a integrar la Corte Suprema y el Consejo de Estado, las cuales mantendrían la función de elegirlos.

La iniciativa plantea modificar la composición de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, para lo cual plantea dos opciones: una sería bajar de seis a cinco el número de integrantes y reducir su periodo a 4 años, que podrían ser prorrogados hasta en dos oportunidades. La segunda opción sería una sala de 6 miembros elegidos por las altas cortes y que estarían 8 años en el cargo.

También la reforma a la justicia propone sobre la elección del Procurador General que el Senado ya no elegiría de ternas enviadas por el Presidente de la República  y las cortes, sino de una convocatoria pública.