Reforzar seguridad del Palacio de Justicia ordenó el Consejo de Estado a la Alcaldía Mayor de Bogotá con el fin evitar alteraciones al orden público, como los ocurridos el pasado 8 de febrero durante la elección del Fiscal General. 

El alto tribunal emitió la orden teniendo en cuenta el estudio de una tutela contra de la Presidencia de la República para que se tomen las medidas necesarias para que la seguridad esté garantizada la seguridad del Palacio.

En el recurso legal fue interpuesto por el ciudadano Gerardo Antonio Duque, quien pidió protección por los derechos fundamentales y seguridad de las personas que trabajan en el Palacio de Justicia, luego de que fueran víctimas del asedio por parte de un grupo de personas, que hasta intentaron entrar por la fuerza a las instalaciones. Dentro de sus peticiones también está la suspensión de manera provisional de la elección del Fiscal. 

"Muchos medios de comunicación se pronunciaron que corrían peligro la vida e integridad de las personas que se encontraban dentro de las instalaciones del Palacio de Justicia en especial la de los Magistrados, por otra parte, los mismos presidentes de las Altas Cortes en varios comunicados alertaron al país de la grave violación a la independencia y autonomía del Poder Judicial, por lo tanto, me parece muy importante y oportuno preservar la vida de todas las personas que se encuentran en el Palacio de Justicia de la ciudad de Bogotá a efectos que se presente un perjuicio irremediable como ya ha sucedido en otras manifestaciones públicas", señala la tutela de Duque.

Mientras avanza el estudio de la tutela, el Consejo de Estado ordenó a la administración de Carlos Fernando Galán tomar las medidas necesarias que permitan el ejercicio libre y seguro de los magistrados y demás funcionarios de la rama judicial. 

“Incluirán el reforzamiento del pie de fuerza y el establecimiento de controles del tráfico de aproximación al Palacio de Justicia, y la consulta y actuación de conformidad con los informes de inteligencia que hayan sido recabados sobre el tipo de conductas que fueron denunciadas en la marcha anterior, para identificar y ejercer vigilancia sobre personas interesadas en infiltrar las marchas”, señala el auto. 

'Sitiada' 

Luego de los hechos del pasado 8 de febrero donde el ingreso y las salidas de la Corte Suprema de Justicia fueron bloqueadas por un grupo de manifestantes que expresaron de manera violenta su descontento por la no elección del Fiscal General, surgieron cruce de versiones entre el Gobierno nacional y los presidentes de los altos tribunales, mientras el presidente Gustavo Petro señalaba que nunca hubo tales hechos, el presidente del alto tribunal afectado,  Gerson Chaverra, aseguró que la sede sí fue sitiada. 

“Hemos pedido que a lo que sucedió el día jueves no se le quite la trascendencia y la gravedad del hecho, porque evidentemente fue un hecho de agresión y de violencia contra la Corte Suprema de Justicia y contra los magistrados; la Corte fue sitiada. Las puertas de ingreso y de salida fueron bloqueadas, eso es un acto de agresión, en tanto representó una afectación a la libre movilidad de los magistrados, de los empleados que se encontraban para ese día dentro de la Corporación”, manifestó el magistrado Chaverra.

En esa oportunidad, la Corte no eligió fiscal general porque ninguna de las ternadas por el presidente Petro alcanzó los 16 votos necesarios. El 22 de este mes está programada otra Sala Plena, en la cual los 23 magistrados votarán nuevamente para buscar elegir al titular de la Fiscalía, después de que Francisco Barbosa el lunes pasado terminara su periodo y que fuera reemplazado en calidad de interina por Marta Mancera.

 El próximo 22 de febrero se volverá a reunir la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia, donde revisarán el tema de la elección del Fiscal General.