Sacar violadores de JEP no frena procesos de paz | El Nuevo Siglo
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Martes, 7 de Mayo de 2019
Redacción Política
El senador Santiago Valencia, ponente del proyecto, darle beneficios a los violadores “consolidaría una situación contraria al interés superior del menor”.
 

El senador Santiago Valencia, ponente del proyecto, darle beneficios a los violadores “consolidaría una situación contraria al interés superior del menor”.Que los violadores de niños se enfrenten a la justicia ordinaria y no puedan acceder a los beneficios de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) no impide el desarrollo de un proceso de negociación con grupos subversivos, le aseguró a EL NUEVO SIGLO el excomisionado Juan Camilo Restrepo.

“Obviamente aquí estamos frente a que los delitos de carácter político, que son los que deben ser considerados en una eventual negociación”, entre los cuales, dijo Restrepo, “a mi criterio (…) no debería considerarse” la violación.

En igual sentido se pronunció Víctor G. Ricardo, también excomisionado, quien en diálogo con este Diario sostuvo que esa disposición no implica una talanquera a un eventual futuro proceso de paz con algún grupo insurgente, porque “lo que el país debe establecer son las normas generales y no las especiales en caso de un futuro proceso que no sabemos si va a ser realidad. Es importante que esta ley se apruebe”.

Las declaraciones de Restrepo y Ricardo corresponden al primer sí del Congreso, en la Comisión Primera del Senado, al proyecto de reforma constitucional que desliga los delitos sexuales contra menores de edad del delito político.

El articulado pasa ahora a la plenaria del Senado donde recibirá el segundo de ocho debates que tendrá en el Congreso.

Según el texto del proyecto que reforma el artículo 44 de la Carta Política, “los delitos sexuales contra los niños, niñas y adolescentes estarán sometidos únicamente a las sanciones establecidas en el régimen penal ordinario y serán investigados y juzgados conforme las normas definidas en el Código de Procedimiento Penal”.

Según la fundamentación del proyecto, presentado por su ponente, el senador Santiago Valencia, del Centro Democrático, “el Congreso no puede otorgar beneficios o sanciones alternativas a quienes cometen delitos sexuales en contra de menores de edad, pues se consolidaría una situación contraria al interés superior del menor y de suyo contraria también a los intereses fundantes de un Estado social de derecho”.

Ricardo explicó que los acuerdos tienen un régimen especial. “Por ejemplo, el proceso de paz que realizó el expresidente Juan Manuel Santos no estaba contemplado en las normas legales y constitucionales. Fue con posterioridad que esos acuerdos se elevaron a fuerza de ley”.

Así mismo, sostuvo que es importante que como norma legal se separen los delitos sexuales de los delitos políticos: “Las salidas políticas negociadas muchas veces se hacen de manera extraordinaria y luego sus acuerdos se elevan como fuerza legal. Este proyecto lo que busca, más bien, es ajustar la normatividad a lo que el país y el Congreso requieren”.

Según dijo, en el caso en que se vuelva a abrir la puerta a un proceso de paz, este  “tiene que ajustarse a las normas vigentes. En principio no se puede considerar conexo un delito conexo la violación sexual a menores de edad, estamos hablando de un asunto grave”.

Restrepo, por su parte, recordó que los delitos políticos son la rebelión y la asonada, “que guardan relación con un alzamiento en armas, pero si estas personas están acusadas de otros delitos no creo que valga la pena obstaculizar el diálogo por esos procesos”.

Asimismo, Restrepo aclaró que un proceso de paz no es una herramienta para borrar el historial penal de nadie, pues “si estas personas están acusadas de otros delitos, distintos al político, deberán responder ante el tribunal que corresponda”.

El exministro Restrepo expresó que delitos como el secuestro extorsivo y el narcotráfico también deberían ser considerados no conexos al delito político pues quienes hacen parte de esas organizaciones deben saber que “si no se acogen a un proceso de paz son considerados como delincuentes sueltos que en cualquier momento les pueden dar de baja por estar alzados en armas”.