Colombia es un país urbano, pues cerca del 80% de su población hoy vive en las grandes ciudades, hay cinco capitales con más de 1 millón de habitantes, un hecho que constituye una ardua tarea para garantizar la seguridad ciudadana y la convivencia.

En esa materia hay una serie de retos en 2019 para el Gobierno nacional, los alcaldes, la Policía y la Fiscalía como la reducción de los homicidios y otros delitos de alto impacto.

Uno de los pilares del nuevo gobierno Duque es la seguridad con legalidad, en donde se ha planteado la lucha contra los delitos que más afectan a los colombianos. Precisamente en agosto pasado el Jefe de Estado lanzó el plan de choque ‘El que la hace la paga’.

Delitos de alto impacto

Según el DANE en su Encuesta de Convivencia y Seguridad Ciudadana (ECSC), presentada en diciembre de 2017 y con fecha de corte 2016, al indagar por el hurto a residencias el 2,6% de los hogares en las 28 ciudades reportó haber sufrido este hecho, lo cual representó una disminución de 0,5 puntos porcentuales con respecto al año anterior (3,1%).

Del total de personas propietarias de algún vehículo en 2016, el 11,5% reportó haber sufrido un hurto a la totalidad o una parte o accesorio de su vehículo. En 2105 fue de 12,6%.

En cuanto al microtráfico la Policía informó que ha incautado más de cinco toneladas de drogas en las calles, después de que se expidiera en octubre pasado un decreto presidencial para atacar este delito, que permite incluso decomisar la dosis mínima.

En lo que tiene que ver con homicidios en 2017 la cifra se situó en 11.347, un número escandaloso pero que ha ido disminuyendo si se tiene en cuenta que en el año 2000 el país tenía 25.000 crímenes.

Como se ve es grande el reto para las autoridades en delitos de alto impacto, una lucha que podría tener ajustes pues con base en las directrices del Gobierno nacional y en desarrollo del Proceso de Modernización y Transformación Institucional (MTI) de la Policía se diseñó la hoja de ruta para los próximos cuatro años, que contempla crear el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia (Consec).

Justicia y pie de fuerza

La congestión de procesos en los juzgados así como el deficiente pie de fuerza de la policía en las principales ciudades hacen que los delincuentes salgan por vencimiento de términos o no sean capturados.

También la falta de una verdadera política criminal, como lo señalan expertos como el exministro de Justicia, Parmenio Cuéllar, se nota en deficiencias en la dosificación de las penas. Ello explicaría casos de personas que entran y salen de la cárcel como si fuera su casa, pues presentan hasta 40 ingresos en pocos años.

No obstante, el panorama no es halagüeño en materia de soluciones porque los recursos adicionales para la rama se esfumaron con el hundimiento de la reforma a la justicia.

También es poco probable que el Gobierno amplíe el próximo año el pie de fuerza de la policía, debido a las dificultades presupuestales que atraviesa.

Cárceles

El lento avance en la construcción de cárceles y puesta al servicio de nuevos cupos es la principal razón del hacinamiento, que según cifras del Inpec tuvo una disminución de 7 puntos en el período de julio de 2016 a mayo de 2018 (al pasar de 54,6% al 47,8%).

La falta de suficiente infraestructura carcelaria influye también en la seguridad ciudadana porque en delitos de bajo impacto o incluso reincidencia en el robo de celulares se sabe que algunos jueces se abstienen por esta razón de dictar medida de aseguramiento.

No son pocos los casos también de cárceles que se niegan a recibir más presos por falta de cupo, entonces las personas son llevadas a estaciones de detención temporal donde pocos días después las sueltan porque se vencen los términos.

Código de Policía

Otro de los retos para el Gobierno nacional y los alcaldes el próximo año es avanzar en la implementación del Código Nacional de Policía y Convivencia, el cual entró en vigor a principios de 2017. En días pasados la Procuraduría advirtió que el porcentaje de avance en la implementación de la norma  por parte de las alcaldías es menor al 40%, por lo que hizo un llamado a todos los mandatarios locales a cumplir con las obligaciones establecidas en la ley para su puesta en marcha.