Una nueva página en la tortuosa historia de Medimás se escribió ayer cuando el Tribunal Administrativo de Cundinamarca le dio un plazo de seis meses a la Superintendencia de Salud para que redistribuya a los pacientes de la EPS.

El Tribunal en su decisión explicó que ordenó a la Superintendencia Nacional de Salud “revocar la habilitación otorgada a Medimás EPS S.A.S mediante la Resolución No. 0973 de 1994 como EPS del régimen contributivo así como la otorgada mediante Resolución No. 1358 DE 2008 como EPS del régimen subsidiado, de conformidad con la competencia que le confiere el artículo 2.5.5.1.8 del Decreto 780 de 2016”.

Añadió que dicha revocatoria debe efectuarse de manera progresiva, esto es, en la medida en que se asegure el traslado efectivo de los afiliados de Medimás a las EPS receptoras y, en todo caso, en un plazo superior a seis meses a partir de la notificación de la presente sentencia.

De la misma manera ordenó que para la redistribución de los pacientes se deberá tener en cuenta la capacidad de aseguramiento y la evaluación de desempeño de las EPS que operan en cada uno de los departamentos y municipios donde presta sus servicios Medimás, de tal forma que se garantice la continuidad del servicio a los afiliados.

La decisión fue adoptada por el Tribunal al fallar a una acción popular interpuesta por varios actores.

El Tribunal hizo un amplio análisis de las razones de los accionantes que argumentaron irregularidades en la venta, pero sobre todo una recurrente falla en la prestación de los servicios y la garantía del derecho a la salud.

Nada más el pasado 24 de abril, el procurador Fernando Carrillo, el contralor Carlos Felipe Córdoba y el defensor del Pueblo, Carlos Alfonso Negret, habían alertado sobre los efectos en los cambios en la composición accionaria de la sociedad Prestnewco S.A.S, propietaria de Medimás y solicitado medidas cautelares para proteger a más de 4 millones de afiliados y reclamaron por la presunta falta de idoneidad de la nueva cabeza al frente de la EPS.

La Contraloría, la Defensoría y la Procuraduría tras ser informadas por parte del Gobierno nacional de la venta de acciones de la propietaria de Medimás, integraron una comisión conjunta que desde hace una semana inició visitas a la EPS y a la Supersalud.

Así mismo, se acordó evaluar en las próximas horas con el ministro de Salud, Juan Pablo Uribe Restrepo, las acciones tendientes para que se cumpla la orden impartida por el Tribunal de no hacer cambios hasta tanto sean falladas las acciones populares en curso.

En el pasado la Procuraduría requirió a la Supersalud para que exigiera a los propietarios de Medimás que cualquier proceso de cambio en la composición de la EPS sea puesto en conocimiento de dicho órgano de inspección vigilancia y control, a efectos de dar el trámite de autorización o negación del mismo de conformidad del Decreto 262 de 2013.

Además, el 14 de junio del año pasado el procurador Carrillo, ante los hallazgos denunciados por el entonces contralor Edgardo Maya, sobre irregularidades administrativas, financieras y de prestación de servicios de salud por parte de Medimás, solicitó a la Superintendencia Nacional de Salud la intervención forzosa de la EPS.

“Medimás no va a seguir jugando con la salud de los colombianos. Llegó el momento de adoptar medidas definitivas que obliguen a esta EPS a cumplir la ley”, advirtió el jefe del Ministerio Público tras señalar que la EPS “es una verdadera bomba de tiempo en el sector salud que queda para el nuevo gobierno. Estamos hablando de una EPS enferma desde su origen, desde el parto mismo institucional de Medimás ha habido problemas que no han sido superados”.