A pesar de que el presidente Iván Duque y la vicepresidenta canciller, Marta Lucía Ramírez, dieron explicaciones ayer acerca del tema de los venezolanos que serán expulsados a Colombia por Estados Unidos, debido a que entraron ilegalmente allí, quedan preguntas por resolver sobre las condiciones de la cooperación establecida en ese sentido, cuántas personas podrían arribar y, ya en territorio nacional, en qué estatus migratorio quedarán, entre otras.

El pasado lunes llegaron los dos primeros ciudadanos venezolanos expulsados desde Estados Unidos, luego de entrar ilegalmente a ese país provenientes de Colombia.

El Jefe de Estado aseguró que ninguno de los venezolanos que serán expulsados a Colombia había sido cobijado con el Estatuto de Protección Temporal, que implementó su gobierno para regular por 10 años la situación de más 1,8 millón de esos nacionales que al 31 de enero de 2021 estaban en el país, a donde han llegado por la crisis social y política que vive la vecina nación.

“Eso de las deportaciones se está tratando de personas que, aprovechando ese estatus migratorio, trataron de entrar ilegalmente a territorio de los Estados Unidos, por eso se están deportando a Colombia. Ninguna de esas personas tenía estatus de protección temporal; tenía estatus migratorio, el anterior, el transitorio. Obviamente es un tema que se tiene que manejar”, señaló el presidente Duque.

Agregó que “nosotros colaboramos con las autoridades norteamericanas en estos casos,  pero también hago un llamado a que todos los países, y esencialmente los países más poderosos también en el caso de los venezolanos puedan ser generosos”.

Añadió el primer Mandatario que “el mundo tiene que actuar con solidaridad frente a esta situación humanitaria que se vive en Venezuela. Colombia ha dado un mensaje al mundo recibiendo 1,8 millones de migrantes con el Estatuto y espero que otros países puedan seguir dando esa pauta”.

En tanto que la Vicepresidenta Canciller indicó que “no es cierto que haya ningún acuerdo del Gobierno colombiano firmado por mí ni por nadie para recibir una cantidad de seis mil venezolanos, que es lo que se ha venido diciendo en los medios”.

Así mismo fue enfática Ramírez en que “y si son venezolanos a los que se les brindaron las garantías del Estatuto de Protección Temporal, con el cual pueden estar en el país durante 10 años, pues hemos dicho que sí. Pero esto habrá que mirar caso por caso”.

El pasado 22 de diciembre, el Ministerio de Relaciones Exteriores en un comunicado señaló que “no es cierto que seis mil venezolanos vayan a regresar a Colombia deportados de Estados Unidos. En este momento, los gobiernos de ambos países están estudiando la posibilidad de manera coordinada, priorizando la seguridad y los protocolos de salud, a aceptar la deportación desde Estados Unidos de aquellos venezolanos regularizados o que se encuentran registrados en Colombia en el Estatuto de Protección Temporal y que fueron retenidos queriendo cruzar de manera irregular hacia Estados Unidos”.

Agregó en esa oportunidad la Cancillería que “hasta ahora, no se ha acordado ni fecha ni el número de venezolanos dado que las conversaciones con Estados Unidos están en su etapa preliminar”.

Pide mayor claridad 

El investigador del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario, Ronal Rodríguez, indicó a EL NUEVO SIGLO que “realmente falta claridad por parte de la Cancillería respecto a cuál es el procedimiento que se está implementando. Lo que se sabe hasta el momento es que llegaron dos ciudadanos venezolanos y supuestamente iban en tránsito hacia Venezuela”.

Explicó que el tema migratorio está cambiando en Estados Unidos y “por primera vez los norteamericanos sienten que la diáspora venezolana puede llegarles en un gran número”.

Agregó Rodríguez que en diciembre pasado se dijo por parte del Gobierno colombiano que “ciudadanos que hubiesen solicitado la residencia a partir del Estatuto Temporal de Protección o que estuviesen reconocidos internacionalmente como residentes en Colombia, serían los que regresarían”.

No obstante, consideró el investigador que “ahí hay unos vacíos porque la dinámica del Estatuto realmente no es la misma de la dinámica de la visa de residente. Y no habría lógica en decir que una persona que ha renunciado a un proceso como el Estatuto, pueda ser retornada al Estado colombiano, y ahí es donde entran los vacíos”.

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Añadió Rodríguez que si el Gobierno quisiera implementar esto de esa manera, “uno esperaría que hubiese mayor cohesión social, que pasara por el Congreso de la República ese debate público, porque una cosa es acoger a la movilidad humana proveniente de Venezuela que se encuentra en nuestro país, y otra cosa muy diferente convertirnos en un país receptor de la dinámica de venezolanos hacia Estados Unidos”.

Explicó que varios países de Centroamérica se han convertido en receptores de migrantes.

Dijo que ahí hay un debate que el Estado colombiano debería dar, “obviamente entendiendo que no se puede negar la alianza estratégica que tenemos con Estados Unidos, pero es mejor generar todo un consenso social frente a estas medidas, que causar dinámicas de tensión en un tema que ya es tan delicado en Colombia, como la movilidad humana proveniente de Venezuela”.

Qué dice el Congreso

Este Medio consultó la opinión sobre el tema en la Comisión Segunda del Senado, que entre otros asuntos se ocupa de relaciones exteriores.

El senador John Harold Suárez Vargas (Centro Democrático) conceptuó que “nos ha tocado una situación la más difícil. Pienso que el receptor de toda la problemática de Venezuela se llama Colombia, no hay otro país en el mundo que esté recibiendo la situación crítica de hambre, de desolación, pero en cierta forma también de delincuencia que está llegando de Venezuela”.

Agregó que “ahora obviamente con la situación de los deportados de Estados Unidos,  pues nos toca suplir una situación que no es un problema nuestro, que no fue creado por nosotros, y que hoy nos toca ese papel tan complicado. Pero pienso que no hay otra opción, nos toca que asumirlo, buscar protocolizarlo. Ser muy enfáticos con el venezolano que viene a Colombia que se porte bien, y que esas personas que vienen en grupos delincuenciales, que es lo que se ha visto en algunos municipios, se puedan combatir y devolver a su ciudad de origen”.

Por su parte, el senador Iván Cepeda (Polo Democrático) dijo que observa lo que está ocurriendo “con preocupación porque Colombia atraviesa una situación muy difícil”. Aunque subrayó que “no hay que negar, como se ha hecho y me parece muy correcto la solidaridad con las personas que están llegando desde Venezuela. Por supuesto que en eso hay que mantener una política de puertas abiertas, de solidaridad y de atención”.

Empero dijo que “esta otra decisión convendría estudiarla un poco y saber qué nuevo escenario plantea para un problema que es ya de por sí bastante crítico, y de qué estamos hablando exactamente, de unos cientos o miles de personas, en qué condiciones, etcétera, para poder tener una evaluación clara sobre estas circunstancias”.

Agregó Cepeda que también debe haber claridad por parte del Gobierno si “existe o no algún tipo de compromiso, si es así en qué consiste, cuáles son sus alcances, no solamente en términos de la población a la que hace referencia sino también a los límites temporales que podría tener esa obligación”.

Refugiados afganos

En agosto pasado el Gobierno informó sobre un acuerdo con Estados Unidos para recibir a por lo menos cuatro mil refugiados afganos, de los miles que esa potencia sacó del país árabe temiendo por su seguridad después de que los talibanes se tomaran el poder.

El presidente Duque dijo en esa oportunidad que Estados Unidos ha sido un gran socio y con esta acción Colombia se une a la protección de los derechos humanos, la protección de la mujer "y por supuesto también a estar con nuestros aliados en los momentos en donde nos necesitan".

Sin embargo a la fecha, no se ha conocido de la llegada de los refugiados afganos al país.