Ante los alarmantes índices de hacinamiento en Barranquilla, donde el porcentaje alcanza un 327% en las estaciones de policía y 350% en su área metropolitana, la Defensoría del Pueblo hace un urgente llamado a la Uspec. Es imperativo que se atiendan estos requerimientos y se implementen soluciones efectivas para abordar estas graves deficiencias.
La Defensoría del Pueblo, a través de su Regional Atlántico, lideró la cuarta mesa técnica carcelaria con la participación de la Policía Metropolitana de Barranquilla, el Departamento de Policía del Atlántico (DEATA), el Inpec, las Secretarías de Gobierno de Barranquilla, Galapa y Puerto Colombia y otras entidades, en el cual se dio seguimiento a los compromisos adquiridos y abordar cuatro problemas críticos que afectan a los privados de la libertad en el Atlántico: el hacinamiento en cárceles y estaciones de policía, la alimentación de los reclusos, la atención en salud y la infraestructura carcelaria.
En particular, se discutió la situación de los pabellones de la Penitenciaría El Bosque, de los cuales solo uno de los cuatro ha sido habilitado, agravando así el problema de hacinamiento. La entidad recibió quejas sobre las condiciones de infraestructura de este pabellón y hace un llamado a la Uspec para atender los requerimientos y solucionar estas deficiencias.
Durante la reunión, la entidad expresó su profunda preocupación ante los alarmantes índices de hacinamiento. En Barranquilla, el porcentaje de hacinamiento alcanza el 327%, mientras que en su área metropolitana llega al 350%. La situación es igualmente crítica en las estaciones de policía de los municipios, con cifras preocupantes: Sabanalarga registra un 42% de hacinamiento, Repelón un 172%, Baranoa un 191%, Sabanagrande un 217%, y Ponedera un 240%. Estos niveles de sobrepoblación vulneran gravemente los derechos fundamentales de los privados de la libertad y exigen respuestas inmediatas de las autoridades competentes.
Otro de los temas abordados fue la alimentación de los reclusos, una problemática que afecta principalmente a las estaciones de Policía. En muchos casos, son los familiares quienes deben asumir la responsabilidad de proveer alimentos, debido a la falta de intervención de las entidades gubernamentales encargadas de garantizar este derecho básico.
Durante el encuentro, se revisaron las acciones implementadas por las entidades presentes para enfrentar estas situaciones y se adquirieron nuevos compromisos orientados a mejorar las condiciones de los privados de la libertad en el departamento.
Adicionalmente, la Defensoría del Pueblo, a través de su Regional Atlántico, anunció la creación de un nuevo espacio de trabajo destinado a tratar los temas de resocialización en cárceles y estaciones de policía, el cual contará con la participación de distintas ONG, empresas privadas y otras entidades, con el objetivo de garantizar una resocialización efectiva y digna para las personas privadas de la libertad.