Se suspendió el proceso de adquisición de 14 barreminas liviano por petición de la Procuraduría General de la Nación, para analizar y ajustar los requisitos de participación.

Estos equipos, que tenían un costo de $32.000 millones, serían los encargados de desminar territorios contaminados con minas antipersonales, artefactos explosivos improvisados y municiones usadas en donde transitan campesinos y miembros de las comunidad afrodescendientes e indígenas.

La medida fue acogida por la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional (APC) con el fin de revisar las condiciones del mercado, referencias de precios existentes, fichas técnicas, disponibilidad y funcionalidad de otros tipos de máquinas, así como, determinar el valor del mantenimiento de los equipos de desminado; y hacer un análisis riguroso de los indicadores financieros que permita la promoción de la competencia para garantizar la pluralidad de oferentes..

Así mismo, la Procuraduría recomendó revisar los criterios de evaluación de las ofertas y establecer la asignación del puntaje técnico y económico en función del valor agregado y la calidad de la maquinaria.

No obstante, el órgano de control seguirá vigilante al desarrollo del proceso y a que se subsanen las observaciones a la licitación.