El tribunal de arbitramiento, en una decisión tomada el 7 de marzo de 2025, ordenó a Minera El Roble el pago de más de 119 mil millones de pesos por concepto de regalías por la extracción de cobre en el departamento del Chocó.
Esta decisión es el resultado de un proceso que se extendió por más de dos años, en el cual se debatió el régimen jurídico aplicable al cálculo de las regalías. El contrato original fue suscrito en 1987, pero con la entrada en vigor de la Constitución de 1991 y la Ley 141 de 1994, se estableció que las regalías debían pagarse por cualquier tipo de explotación de recursos no renovables, sin importar el volumen extraído.
El fallo es crucial, ya que permitirá una recuperación efectiva de recursos que pueden ser utilizados para mejorar las finanzas del Chocó, un departamento que enfrenta una grave crisis humanitaria y social.
La importancia del fallo radica no solo en el monto significativo que deberá ser desembolsado por Minera El Roble, sino también en su implicación para las comunidades locales. Durante años, esta población lucha por obtener beneficios justos por la explotación de sus recursos naturales.
El conflicto entre Minera El Roble y la Agencia Nacional de Minería (ANM) se centra por una serie de irregularidades. Desde 2014, la empresa ha operado sin cumplir con sus obligaciones contractuales, acumulando una deuda significativa en regalías y participaciones nacionales. A pesar de ser la única mina de cobre en Colombia, su historial financiero es cuestionado debido a la falta de pagos y a una interpretación ambigua del contrato original.
La ANM había instado a tomar acciones legales para garantizar el cumplimiento de las obligaciones económicas derivadas del contrato.
El contexto socioeconómico del Chocó es alarmante. El departamento enfrenta una crisis aguda marcada por violencia y pobreza extrema. Los recursos que se obtendrán gracias a este fallo son vitales para atender las necesidades urgentes de la población local. Se espera que estos fondos sean utilizados para mejorar las condiciones sociales y económicas de la región, permitiendo inversiones en infraestructura y servicios básicos.