Un juez de Valledupar falló una tutela a favor de los ciudadanos que reclamaron por la liquidación de la EPS Saludvida. La demanda fue puesta contra la Superintendencia de Salud para preservar la prestación del servicio sin dilataciones ni negativas por parte de los prestadores de salud.

Con ello el juez primero civil del circuito de Valledupar frenó temporalmente las acciones de la Superintendencia.

Con ello la intervención, la toma de posesión y la liquidación de Saludvida, así como el traslado de los 1,1 millones de afiliados que esta EPS tiene en 18 departamentos del país y que debía completarse el 1 de noviembre, quedarán suspendidas hasta que el juez ante el que interpusieron la tutela, decida de manera definitiva si se trasladan o no estos usuarios.

Cabe recordar que la Supersalud había resuelto el pasado 15 de octubre, liquidar, a través de la resolución 8896, a esta EPS y trasladar sus afiliados a otras aseguradoras por graves fallas en el servicio y su insostenibilidad financiera.

De otro lado ayer la Superintendencia Nacional de Salud decidió extender la vigilancia especial a EPS Medimás hasta febrero de 2020. Para finales de ese mes, ese prestador de salud deberá entregar la información hasta el 31 de diciembre que muestre que ha cumplido con las condiciones financieras impuestas hace casi tres años.

El motivo de la extensión de esta medida, que implica una vigilancia cercana del Estado a la entidad, se debe a motivos que van desde la falta de entrega de autorizaciones médicas, hasta problemas financieros que no se resuelven y se evidencian en información entregada por la misma EPS.

Por ejemplo, la EPS presenta 269 quejas por cada 10.000 usuarios del régimen contributivo, frente a un estándar normal de 40 y 161 por la misma cantidad de usuarios del régimen subsidiado. Además, entrega solo el 87% de las fórmulas médicas de manera oportuna a usuarios del régimen contributivo; en el subsidiado, dicho cumplimiento es de un 81%.