La universidad con sede en Barranquilla entró en paro, ante la falta de pago a los profesores. El Ministerio intervino el 12 de febrero, algo tarde frente a las denuncias, por eso la importancia de la Ley 1740

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Las irregularidades a las que se enfrenta la Universidad Autónoma del Caribe llegaron a un límite. El 12 de febrero se declaró la intervención de Ministerio de Educación. Fue designada la abogada Martha Sánchez como inspectora in situ. Pero las medidas se pudieron tomar desde octubre, cuando se hizo evidente la morosidad de la universidad. Esta semana los profesores de humanidades entraron en paro, según los mismos se les adeuda pagos desde septiembre del año pasado, y no les están haciendo los aportes en salud y pensión. Y es que, para prevenir otros casos, las acciones de control del MEN deben ser mayores.

La Ley 1740

En 1991 los artículos del 67 al 70 se dedicaron a legislar sobre la educación como un derecho. De la importancia de ejercer mecanismos de control y vigilancia para prestar un mejor servicio educativo. Sobre la educación superior, se planteó la necesidad que no fuera de lucro. Existirán universidades públicas financiadas con recursos de los impuestos ciudadanos y universidades con recursos privados, pero donde sus recursos se reinviertan en la misma institución en aras de mejorar la calidad, la infraestructura y en general el servicio educativo. Por eso, las universidades de origen privado deben ser fundaciones o corporaciones sin ánimo de lucro.

Sin embargo, a esas buenas intenciones le faltaron dientes. Los ministros y el Ministerio de Educación antes de 2014 se vieron en grandes aprietos para resolver los problemas de universidades como la Antonio Nariño, La Autónoma del Caribe, UNAD o la Incca. Las medidas eran limitadas y tratar de ponerlas en cintura era complejo. El 23 de diciembre de 2014 como un regalo a ese esfuerzo, se aprobó la Ley 1740 que buscaba entre otros aspectos, la posibilidad de intervenirlas por parte del Ministerio cuando las irregularidades fueran muy evidentes.  La decisión como suele pasar en el sector fue polémica. Algunas Instituciones de Educación Superior (IES) se han escudado en la autonomía universitaria para impedir tener algún tipo de control o vigilancia. Un poco la lógica imperante en Colombia de oponerse a los mecanismos de control o al cumplimiento de la Ley. Pero la Ley dio más dientes para tomar acciones sobre irregularidades.

Algunas Instituciones de Educación Superior (IES) se han escudado en la autonomía universitaria para impedir tener algún tipo de control o vigilancia.

La Ley que se promulgó el 23 de diciembre de 2014, no es solo para intervenir universidades en crisis. También da las herramientas para garantizar la prestación de un servicio de calidad. Busca, dentro del marco del respeto de la autonomía universitaria, la implementación de la autoevaluación institucional

De nuevo la Autónoma del Caribe

En diciembre, el rector Ramsés Vargas Lamadrid, acusó al Icetex de deberle a Uniautónoma del Caribe 7 mil millones de pesos y responsabiliza al Estado de la situación financiera de la universidad. Sin embargo, el Icetex respondió que esa deuda no existe y que la universidad no pasó la información de los beneficiarios de créditos para estratos uno, dos y tres. Por otra parte, que la universidad no tiene los soportes que evidencien que esos préstamos se hicieron, y que el recaudo le correspondía a ella misma.

Las irregularidades en las que se ha visto involucrado el rector de la universidad vienen desde tenerle un alto salario a su padre como asesor, sin trabajar, no asistir a la universidad, y, además de pagarle un esquema de seguridad, con recursos de la universidad. Ante los cuestionamientos afirmó que su padre era una de los fundadores de la universidad y que ese derecho le correspondía, sin embargo, al consultar el acta de creación, aparece Mario Ceballos como rector fundador junto con Julio Salgado y el señor Vargas no aparece en el acta por ninguna parte.

La situación es más grave cuando la universidad ya recibió las matrículas del semestre 01 -18, eso quiere decir que, ante la intervención, el Ministerio no podría tener recursos de la institución para garantizar su funcionamiento. Las preguntas son: ¿Por qué el Ministerio no aplicó a tiempo la Ley 1740? ¿Dónde están las acciones del Viceministerio de Educación Superior? ¿Quién va a responder por el servicio educativo? Esta semana, estudiantes y profesores entraron en paro, exigen la renuncia del rector y de la junta directiva de la institución. Una tarea que tiene que asumir el Viceministerio de Educación Superior que ha dicho poco sobre la universidad.

Por otra parte, un tribunal de Miami, cerró la sede en dicha ciudad, por falta de pago de renta. Así que los problemas de liquidez están por todas partes. Habrá que esperar la voz de la viceministra de educación superior, Natalia Ruiz, quien hasta hace poco más de dos años se desempeñó como vicerrectora académica de la misma universidad. 

La autonomía, es algo sagrado para las IES. Sin embargo, la autonomía de las instituciones va hasta cuando empieza a limitarse el derecho a la educación de los estudiantes. Así que la acción lenta del Ministerio lo que hace limitar este derecho, en este caso para los 14 mil estudiantes que confiaron en esta universidad.

*El presente artículo es de completa responsabilidad del autor