Fueron expedidos los decretos que hacían falta para que empezara a rodar la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas en el Contexto y en Razón del Conflicto Armado (UBPD), uno de los componentes del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición establecido por el acuerdo de paz. Esta Unidad debe estar operando a más tardar en julio de este año, según se estableció.

El Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición está compuesto por la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición; la UBPD; la Jurisdicción Especial para la Paz; las Medidas de reparación integral para la construcción de la paz; y las Garantías de No Repetición.

Un primer paso en la conformación de la UBPD se dio en septiembre pasado, cuando el Comité de Escogencia del Sistema de Verdad, Justicia y Reparación y No Repetición designó a Luz Marina Monzón como directora.

Según el Decreto 289 de 2018 la UBPD contará con un director general, un secretario general, 10 asesores y dos técnicos administrativos.

Este Decreto autoriza a Luz Marina Monzón, como directora general, a proveer los empleos creados para que comience a desarrollar la Unidad su labor de búsqueda de las miles de personas que han sido dadas por desaparecidas en el conflicto armado en Colombia.

Monzón fue propuesta para este cargo por cerca de 130 organizaciones de víctimas, entre estas el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice); la Mesa de Trabajo sobre Desaparición Forzada de la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos (CCEEU); y la Ruta Pacífica de las Mujeres.

El Decreto 289 de 2018 fija la clasificación y remuneración de los empleos públicos en la UBPD: el director general tendrá un salario de $13.391.212; el secretario general $11.105.278; los asesores ganarán entre $7.399.644 y $8.388.193; los técnicos entre $1.707.968 y $2.590.707. También tendrán derecho a una prima técnica.

En tanto que el Decreto 288 del 15 de febrero de 2018 establece que “la Unidad entrará en funcionamiento una vez se adopte la totalidad de la estructura interna y la planta de personal requerida para el cumplimiento de las funciones asignadas a la entidad en el Acto Legislativo 01 de 2017 y en el Decreto ley 589 de 2017, plazo que no podrá ser mayor a cinco  meses contados a partir de la expedición del presente Decreto”.

Para el funcionamiento de la UBPD hay previstos 2 millones de dólares para el presente año, proveniente de un fondo multipropósito.

En cuanto a la labor que le fue encomendada la Unidad arrancará a partir de la información fragmentaria que sobre personas desaparecidas en el conflicto armado ya cuenta el país, como la Comisión de Búsqueda, el Centro de Memoria y las organizaciones de familiares de los cerca de 50 mil desaparecidos que hay.

De acuerdo con Monzón debe existir una armonización en la implementación de la Unidad, “de manera que en realidad pueda ser parte de un Sistema de Verdad, Justicia y Reparación que tiene que estar en los mismos tiempos para poder ofrecer las respuestas para los cuales están establecidos los mecanismos”.

Añadió que “el tema de la búsqueda de las personas desaparecidas tendría que tener un diseño flexible a tomar contacto las víctimas, a ir a las comunidades donde la desaparición forzada ha tenido lugar y a poder actuar de manera un poco más con las características de esta institución”.

Retos

La UBPD fue fijada en el acuerdo de paz para establecer lo acaecido a las personas dadas por desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado y de esa manera contribuir a satisfacer los derechos de las víctimas a la verdad y la reparación integral, en particular en su componente de satisfacción

 Para ello debe dirigir, coordinar y contribuir a la implementación de acciones humanitarias de búsqueda e identificación de personas dadas por desaparecidas que se encuentren con vida, y en los casos de fallecimiento, cuando sea posible, la localización y entrega digna de restos.

 En los meses siguientes la UBPD tiene que, entre otros, diseñar y poner en marcha un plan nacional y planes regionales de búsqueda; recolectar la información necesaria para establecer el universo de personas que serán objeto de búsqueda; buscar, contrastar y analizar la información proveniente de distintas fuentes, incluyendo entrevistas confidenciales, acceder a las bases de datos oficiales y suscribir convenios con organizaciones de víctimas y de derechos humanos para acceder a la información de la que dispongan.