En lo corrido del año la Fiscalía General ha recibido cerca de 1.300 denuncias por amenazas a líderes sociales y desmovilizados de las Farc.
Así lo dio a conocer el ente acusador ayer en un informe en el que, además, señala que puso en marcha un nuevo modelo de investigación para esclarecer los casos de homicidios contra defensores de derechos humanos y otros líderes comunitarios, y lograr la efectiva judicialización de los responsables.
Indica que en todos los casos se iniciaron los actos urgentes y hay noticias criminales abiertas. “Los investigadores han logrado un porcentaje histórico en el esclarecimiento de homicidios contra defensores verificados por las Naciones Unidas que alcanza el 49,18% a julio de 2018. En todos estos hechos hay causas definidas, capturados y responsables judicializados”.
Este promedio es histórico y altamente relevante, si se tiene en cuenta que la tasa de esclarecimiento de homicidios a nivel país es de 21.57%.
También reseña que encontrar la verdad sobre los hechos criminales que han puesto en peligro la integridad de los defensores de derechos humanos, comunidades indígenas, líderes campesinos y sociales, se ha convertido en una de las prioridades de la Fiscalía para garantizar condiciones de seguridad y convivencia en los territorios del postconflicto.
“En solo 2018, la entidad ha recibido 1.291 denuncias de líderes sociales y desmovilizados de las desaparecidas Farc”, indica el informe.
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Añade que para enfrentar esta problemática se diseñó una estrategia que consta de cuatro puntos: intervención temprana en los casos de denuncias por amenazas; creación de un grupo de trabajo conformado por fiscales, investigadores y analistas; priorización de los hechos y seguimiento periódico de las investigaciones, y aprobación y puesta en marcha de Ley 1908 de 2018, que hizo cambios a los tipos penales de amenazas y endureció la penas para este delito y otros asociados.
Asimismo, fueron priorizados los siguientes casos, de acuerdo con la problemática que enfrenta cada región: amenazas y atentados contra de comunidades indígenas en Cauca; amenazas contra reclamantes de tierras en Bajo Atrato; amenazas y atentados contra personas valoradas con riesgo extremo por el Comité de Evaluación de Riesgo y Recomendaciones de Medidas, Cerrem; amenazas contra la población y comunidades protegidas en Tumaco; amenazas contra periodistas; amenazas contra sindicalistas; amenazas contra desmovilizados, líderes o representantes de la organización Política Farc y a amenazas a candidatos presidenciales y líderes políticos nacionales.
Otras de las líneas definidas por los investigadores están relacionadas con la identificación y ubicación de los responsables de la intimidación y constreñimiento a 85 líderes defensores de los procesos de sustitución de cultivos ilícitos.
Un grupo especializado de fiscales, investigadores y personal de policía judicial atendió las denuncias que dan cuenta de amenazas a familiares, aliados y personas cercanas a estos líderes, perseguidos por grupos armados organizados que quieren someter a las comunidades a la cadena de producción del narcotráfico.
El diagnóstico de esta problemática reveló que tres departamentos, Cauca, Nariño y Putumayo, concentran la mitad de las amenazas y hechos violentos conocidos. También se han registrado desplazamientos, toma ilegal de posesión de terrenos por parte de los victimarios y ataques a la vida de las personas que promueven una salida lícita a los narcocultivos.