Hay una gran diferencia entre el discurso político y la realidad. En el caso de la crisis de orden público e inseguridad en el Catatumbo, por ejemplo, resulta cada vez más claro que todo el plan de intervención socioeconómica que el Gobierno viene anunciando al amparo del estado de conmoción interior no tiene mayor viabilidad mientras no se recupere de forma concreta y permanente el control territorial e institucional.

Ayer, por ejemplo, se reportaron combates entre la guerrilla del Eln y las disidencias de las Farc. Aunque debe ponderarse el esfuerzo de más de 10.000 efectivos de las Fuerzas Militares y la Policía en las últimas seis semanas, todavía no están neutralizados estos y otros factores de violencia y, por lo tanto, se torna muy riesgosa la destinación de más de 2,7 billones de pesos a inversión social, desarrollo vial, programas de educación y salud, así como a la erradicación concertada con campesinos cocaleros de más de 25.000 hectáreas de narcocultivos.

Una prueba de que la problemática es compleja y estructural en la zona es la cruda radiografía que hizo, en nuestra edición dominical, el senador conservador nortesantandereano, Juan Carlos García, quien preside la comisión accidental del Congreso sobre esta crisis.

El parlamentario indicó que persiste una situación de emergencia humanitaria y de no seguridad para el retorno de más de 56.000 habitantes a los distintos municipios. García, incluso, advirtió que hay muchos lugares donde el Estado “no ha podido llegar y en donde se encuentra la presencia de grupos armados al margen de la ley. Ha sido estático y lento el tema de la retoma, el retorno y el establecimiento de la seguridad en la zona”.

No hay que irse por las ramas: sin recuperar el control territorial del Catatumbo, la intervención socioeconómica se torna difícil y casi que inviable.