Producto de la información de distintas fuentes a las que ha tenido acceso, la Sección de Ausencia de Reconocimiento de la JEP determinó que 2.094 personas fueron víctimas de desaparición forzada en el área de influencia en donde se construyó el proyecto Hidroituango, que comprende los municipios de Briceño, Cáceres, Ituango, Nechí, Peque, Sabanalarga, Tarazá, Toledo y Valdivia, en Antioquia. A partir de ello concluye que “en esta región este gravísimo crimen fue masivo, generalizado y persistente”.
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En el marco del trámite de medidas cautelares de protección de lugares de inhumación de víctimas de desaparición forzada en los municipios del área de influencia de Hidroituango, esta sección de la JEP avanza en establecer la verdad plena sobre lo ocurrido en esta zona del país.
La JEP explicó que la base de datos construida y que permitió determinar esta situación “es resultado de un ejercicio de consolidación de información de seis fuentes, a saber: Centro Nacional de Memoria Histórica; Fiscalía General de la Nación y sus respectivos sistemas de información; la Unidad de Atención a Víctimas; y la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas”.
Añadió esta jurisdicción que es producto del Acuerdo de Paz para impartir justicia de tipo transicional por los delitos graves que se cometieron en el conflicto, que las desapariciones forzadas en esta región de Antioquia habrían sido ejecutadas principalmente por grupos paramilitares: ‘bloque Mineros’ y ‘bloque Metro’; los frentes 18, 36 y 5 de la guerrilla de las Farc, y por unidades de la Fuerza Pública.
Añadió la JEP que los datos recogidos permiten constatar que este grave crimen tuvo un incremento inusitado a partir del primer semestre de 1996 con la irrupción de las Auc en Antioquia, en especial en los municipios de Cáceres y Tarazá (que concentran cerca del 50% de las víctimas); que su máxima expresión se dio durante los años 2001 y 2002, periodo en el que fueron desaparecidos 358 ciudadanos, y que el número de desapariciones se reduce de manera consistente a partir del año 2010.
La JEP indicó también que avanza en la práctica de pruebas para contrastar la información allegada en relación con la existencia de lugares de inhumación en el área de influencia del proyecto de Hidroituango, entre las que se encuentra una inspección aérea y fluvial a las zonas inmediatas afectadas por el proyecto.
A la fecha esta Jurisdicción ha encontrado 8 cuerpos con signos de muerte violenta de personas no identificadas, posibles víctimas de desaparición forzada, provenientes del Cementerio de Orobajo, municipio de Sabanalarga, zona inundada por la represa, que se encontraban en el Laboratorio de Osteología de la Universidad de Antioquia.
En la última inspección forense fueron hallados 5 nuevos cuerpos que se suman a los 3 encontrados durante el primer semestre de 2020. La JEP investiga posibles irregularidades en su traslado y manejo.
Agregó que las víctimas presentan heridas con arma de fuego como posible causa de muerte, disparos en el cráneo compatibles con ejecución sumaria y en estado de indefensión.
Estos 8 cuerpos se suman a los 176 exhumados a lo largo de los últimos años por la Fiscalía General de la Nación en los municipios del área de influencia del proyecto de Hidroituango.
Medidas cautelares
El 29 de agosto de 2018, nueve peticionarios -dos representantes del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado y siete familiares de desaparecidos- le solicitaron a la JEP tomar medidas cautelares anticipadas sobre 16 lugares del país en los cuales “se presume existen personas inhumadas dadas por desaparecidas en el marco y con ocasión del conflicto armado". Entre los lugares se encuentra la zona de influencia del proyecto Hidroituango.
La sección decidió estudiar la determinación de estas medidas el 14 de septiembre de 2018. Cabe destacar que esta medida cautelar tiene propósitos humanitarios.
En septiembre pasado el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, señaló que “la JEP nos inició un proceso cuyo resultado puede suponer perder toda la represa y habría que desmantelarla. Decimos que de ninguna manera y a Hidroituango lo tenemos que sacar adelante porque ¿cuánto vale parar la represa?”.
Ante estas afirmaciones la JEP aclaró que solo ha dispuesto una inspección judicial aérea, terrestre y fluvial del área de influencia del proyecto Hidroituango. Remarcó que “no ha ordenado ni considerado en ningún momento un desembalse de la represa de Hidroituango. Cualquier afirmación contraria es falsa”.