Hoy volverán a reunirse los voceros del Gobierno y el Comité Nacional de Paro para buscar suscribir el preacuerdo logrado el 24 de mayo y proceder a instalar la mesa de negociación del pliego de emergencia presentado en julio.

Desde la primera reunión entre las partes, realizada el 16 de mayo, han pasado 21 días sin que hayan logrado suscribir el preacuerdo para sentarse a negociar de fondo.

Resultó efímera la esperanza vislumbrada el 24 de mayo cuando se anunció el borrador del preacuerdo, porque el 29 el Gobierno planteó peros a varios puntos, pero sobre todo condicionó la negociación al levantamiento de los bloqueos. La semana pasada se cerró con el Comité pidiendo firmar el preacuerdo original.

Así las cosas, dicho preacuerdo ha entrado en un punto muerto. Por una parte, fue claro desde el principio que el interés del Gobierno es que en este documento quedara al menos una condena del Comité a los bloqueos; por otra, los dirigentes obreros y sociales consideran que estos se han ido levantando, bien sea por acción de la Fuerza Pública o por negociación con las autoridades locales y regionales.

En medio de las dos posiciones, está la incertidumbre, porque “si bien ha habido avances en el desbloqueo de algunas vías, esto aún no es generalizado en todo el país, y tampoco hay garantías de que vaya a ser permanente”, como lo expresó Denis Silva, vocero de Pacientes Colombia, movimiento conformado por 193 organizaciones de la sociedad civil que representan a dolientes con enfermedades crónicas y de impacto social, que con otras fundaciones y asociaciones de aquejados con diversas enfermedades de alta complejidad o de cuidado especial han denunciado que estas personas afrontan una situación crítica porque los bloqueos les impiden ir a sus citas, recibir tratamientos y medicinas, así como someterse a los procedimientos regulares.

En ese choque de posiciones, la impresión que tiene cada parte respecto de su contraparte es que no tiene ánimo de negociación, actitud que cada una declara tener.

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Mediación

Destrabar el proceso será el reto de los mediadores Carlos Ruiz Massieu, jefe de la Misión de la ONU en Colombia, y el padre Héctor Henao, director del Secretariado Nacional de Pastoral Social, de la Conferencia Episcopal de Colombia (CEC).

A pesar del desencuentro, Ruiz destacó la semana pasada que “se han presentado avances en la mesa. Se han retomado las discusiones sobre las garantías para la protesta que estaban en ese estado de preacuerdo anteriormente y vamos en un muy buen ambiente”.

Ruiz expresó que los garantes han "escuchado a las partes de manera unilateral y entendemos que esto se trata de que haya voluntad. A veces, hay mucha expectativa por la contraparte y experimentamos esas discrepancias en los pasos siguientes del preacuerdo que se hizo el 24 de mayo".

Para él, no hay estrategias de dilación, analizando que "una de las dificultades que tenemos es la percepción que se puede crear por no llegar a acuerdos pronto, en temas que son previos a la negociación sustantiva. El hecho de que se haya tardado más de lo que todos hubiéramos esperado, es un reto que no nos ayuda, pero creo ahí está la importancia de seguir avanzando y que ojalá la semana que entra ya podamos entrar a negociar lo fundamental".

Desbloqueos

Mientras los mediadores logran acercar las partes, estas siguen diciendo que quieren negociar al mismo tiempo que se muestran los dientes.

En ese contexto el Comité señala que el paro, que está por cumplir mes y medio, continúa con una ‘toma de Bogotá’ para este miércoles 9 de junio (fecha en que se conmemora el Día del Estudiante), actividad programada, según Fabio Arias, fiscal de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), “ante negativa del Gobierno de firmar el preacuerdo sobre garantías para ejercer la protesta social, construido el 24 de mayo, y ante la dilación permanente para firmarlo e instalar mesas de negociación”. El presidente de la CUT, Francisco Maltés, ha dicho que el paro seguirá hasta que el presidente Iván Duque “firme el preacuerdo de garantías. Cumpla la palabra honrada, presidente, pare la masacre e inicie la negociación del pliego de emergencia. Mientras tanto, el paro nacional continúa”.

Del otro lado, el presidente Duque dijo el jueves que “los bloqueos no son un tema de negociación, no son un tema de trueque ni mucho menos de transacción. Tienen que ser rechazados por todos”.

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“Los bloqueos no son protesta pacífica; los bloqueos son una agresión a los derechos de toda una nación, porque buscan desabastecer, afectar el aparato productivo, generan pérdidas de empleo y pérdidas de capital”, dijo el jefe de Estado, y agregó que “por eso los bloqueos se tienen que levantar en defensa de los derechos de todos los colombianos”.

Al día siguiente, Diógenes Orjuela, secretario general de la CUT, aseguró que el Gobierno no tiene “la menor intención de negociar” y “está usando este debate de los bloqueos, cuando los que los hacen han venido entrando en unos procesos de acuerdo y según el mismo informe del Mindefensa ha habido una notable apertura de las vías”.

El miércoles, Arias sostuvo que el 90% de los bloqueos ya se levantó con base en un informe que a pedido de las partes entregaron Ruiz y Henao verificando “en qué están, a nivel territorio, los diferentes bloqueos o desbloqueos”.

Ese día, el consejero presidencial para la Consolidación y la Estabilización, Emilio Archila, destacó que en ese reporte “se notó que hubo una disminución en el número de carreteras que tienen bloqueos y eso el Gobierno lo ve con los mejores ojos. Pero lo que necesitamos es que haya total cese de esos bloqueos”.

El viernes, en un comunicado el Comité expuso que “recibimos un nuevo informe, donde se verifica una reducción significativa. Al día de hoy persisten 23 puntos y en todos ellos hay procesos de diálogos y negociaciones, gracias a los acuerdos y decisiones que han tomado las organizaciones y comunidades involucradas, y que en varios casos han contado con la voluntad y el concurso de autoridades locales. Es nuestra voluntad seguir impulsando y facilitando, en lo que esté a nuestro alcance, diálogos y acuerdos territoriales para avanzar en la reducción y sostenibilidad de los cortes de vías”.

El martes, Orjuela había aseverado que como una “actitud de facilitar avances en las negociaciones se han ido reorientando esos procesos, levantándolos o abriendo corredores humanitarios o volviéndolos intermitentes".

Y señaló que, con esta nueva postura el Gobierno “debe entender” y cambiar su actitud para negociar.

Barricadas

El tesorero de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode), Nelson Alarcón, afirmó que “nosotros hicimos un desescalamiento de los puntos de resistencia, como nosotros lo hemos llamado. El Gobierno lo llama bloqueos, los mal llamados bloqueos”.

Es que son cada vez más las voces que reclaman ceder en ese aspecto, como la del padre Francisco de Roux, presidente de la Comisión de la Verdad, quien trinó que “por favor, no confundan lucha por dignidad con morir defendiendo barricadas. La causa es más grande. Es el futuro de Colombia. Hay muchas otras formas de defender la dignidad. No más muertos en batallas ciegas. Seguir bloqueando vías daña la causa y hace daño a la vida de todos”.

En todo caso, Alarcón aclaró que "se están llevando esos diálogos y procesos autónomos en cada una de las regiones, con los alcaldes y gobernadores, y serán ellos los que puedan llegar a esos acuerdos. No depende del Comité, sino allí de estos procesos autónomos, como lo están desarrollando en la inmensa mayoría del país".

El hecho es que, como le manifestó el martes Archila a la Agencia Anadolu, “nadie en Colombia está de acuerdo con que unos privados se abroguen a sí mismos la posibilidad de decidir quién puede desplazarse y qué productos pueden moverse”, indicando que “no solamente es una obligación legal de suspenderlos, sino que es el clamor de todo el pueblo”.