En la Plenaria de la Cámara de Representantes, el congresista de la bancada verde y boyacense, Jaime Raúl Salamanca, abordó la problemática socioambiental de la Represa La Playa, en el municipio de Tuta (Boyacá).
El citante recalcó la necesidad de encontrar soluciones concretas en un momento en que se cuenta con un Gobierno nacional que ha mostrado interés en los temas ambientales.
La proposición aprobada se citó con el objetivo de que las entidades competentes y las carteras del Gobierno nacional involucradas puedan entregar un parte del diagnóstico y encontrar soluciones concretas a una problemática que sobrepasa los 22 años.
“En el año 2000, en el marco de una acción popular y atendiendo las vulneraciones de los derechos fundamentales de los habitantes afectados, el Tribunal Administrativo de Boyacá aprobó un ‘pacto de cumplimiento entre las partes’ que establecía, entre otras cosas, que entidades como el Inpec, el municipio de Tunja, INAT, Usochicamocha (administrador del distrito de riego) y Corpoboyacá se comprometían a realizar planes adecuados y suficientes para el tratamiento de las vertientes de aguas residuales y negras, a implementar sistemas de tratamiento de aguas residuales, a velar por el cuidado y el mantenimiento del embalse y a realizar vigilancia, seguimiento y control”, señaló la proposición presentada por Salamanca.
La realidad que hoy atraviesan los ciudadanos en esta zona es la concentración de aguas residuales vertidas sin tratamiento al río Jordán en su recorrido desde Tunja hasta Tuta, donde se localiza el embalse, que lejos de cumplir con el objeto para el cual fue construido, se ha convertido en un foco de aguas putrefactas que afectan la salud de los habitantes, sus medios de producción, la pérdida del valor de sus tierras y en general su calidad de vida, pues desde hace décadas han tenido que soportar esta situación ante el incumplimiento de los compromisos adquiridos por los actores contaminantes.
“Esperamos contar con el apoyo del Gobierno nacional y departamental, como también de todos los actores que tienen velas en este problema socioambiental que se ha venido agravando en los últimos 20 años. Los boyacenses no merecen esta crisis, hay que tomar acciones concretas, que den una solución de fondo”, señaló el citante.
Pronunciamiento de las autoridades
El gobernador de Boyacá, Ramiro Barragán Adame, ratificó su compromiso con la comunidad del sector del Embalse La Playa, con la destinación de dos mil millones de pesos para mitigar el impacto que ha generado la contaminación en sus habitantes.
“Llevamos varios períodos esperando una solución definitiva. Me preocupa que necesitamos del socio mayoritario de este problema, que es el Ministerio de Vivienda. Vamos a buscar una respuesta, por eso estamos pendientes de una cita con la ministra para que entienda que no es un problema del municipio de Tuta, sino uno nacional, por la contaminación que causa al medio ambiente”, indicó el gobernador.
“Necesitamos disminuir la contaminación que se genera desde Tunja, aguas abajo, hasta llegar a La Playa, pero indudablemente hay problemas más complejos como, por ejemplo, el buchón y otros vectores que se generan por los olores y el estancamiento del agua, el caso de los zancudos y roedores que causan problemas de salubridad”, puntualizó Barragán.
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A su turno, el alcalde de Tunja, Alejandro Fúneme, indicó que son varias las entidades involucradas en la acción popular presentada por la comunidad y, en esa medida, debe haber un compromiso para dar solución a esta situación que aqueja a esta comunidad y que se ha vuelto insostenible.
“La Administración municipal ha hecho esfuerzos por más de 120 mil millones de pesos para mejorar las condiciones de tratamiento de aguas residuales de Tunja y del Embalse de La Playa. De igual forma, se han hecho aportes por más de 107 mil millones de pesos en Tasa Retributiva y más de 20 mil millones de pesos en Impuesto Ambiental para la Corporación Autónoma Regional”, expresó el alcalde de Tunja.
Por su parte, Rosa Tocarruncho, vocera del Movimiento Resistencia Juvenil Campesina, recordó la problemática que vive la comunidad alrededor de la represa. “Son nubes de zancudos, nuestras casas deben estar cerradas desde muy temprano, tenemos que mantener productos para controlar estos vectores, los malos olores son parte de nuestra vida diaria acá en la población que también han generado problemas de salud; hay casos de personas que han tenido que ser hospitalizadas por el exceso de picaduras y la fiebre que produce ese tipo de insectos, porque claramente vienen de aguas muy contaminadas”.
La vocera explicó, además, que “a pesar de las múltiples acciones legales que se han interpuesto para lograr la garantía de sus derechos a la salud y la vida, hasta este momento son muy pocas las acciones que se han ejecutado para mitigar esta problemática que sigue creciendo”.
Lo que asegura Corpoboyacá
La Corporación Autónoma Regional de Boyacá (Corpoboyacá), en cabeza de su director, Herman Amaya Téllez, lleva a cabo el requerimiento a la Agencia de Desarrollo Rural (ADR) para que actualice la licencia ambiental del distrito de riego Usochicamocha, en donde se encuentra el embalse La Playa.
Del mismo modo, la Corporación ha realizado los requerimientos de manera reiterada a la administración de Tunja, Cómbita y Oicatá, en el marco del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV), para que terminen de construir las Plantas de Tratamiento de Agua Residual (PTAR).
En la administración actual se han destinado 4 mil millones de pesos para el módulo 5 de la PTAR de Tunja; el proceso sigue a la espera del cierre financiero por parte del municipio. Se han priorizado 1.000 millones de pesos para el municipio de Oicatá, que están orientados a la construcción del colector de aguas residuales; se está a la espera del rediseño.
También se han dirigido 1.000 millones al municipio de Cómbita-Centro poblado El Barne, que tiene un objetivo la descontaminación de la cuenca alta del río Chicamocha; se ha propuesto el apoyo por parte de Corpoboyacá para los estudios y diseños que faltan.
Igualmente, se dejó constancia que las dos cárceles de Cómbita no cuentan con permisos de vertimientos. El Inpec y Uspec han manifestado que ya hay infraestructuras de Plantas de Tratamiento de Aguas residuales, a pesar de que no han desarrollado los trámites para estos permisos.