Diariamente llegan a la Procuraduría General de la Nación cerca de cuatro mil solicitudes ciudadanas entre denuncias, peticiones y reclamaciones, en su mayoría, por deficiencia  de los servidores y entidades públicas del país, afirmó hoy la procuradora general de la nación, Margarita Cabello, en su intervención en el VIII Seminario Internacional de Derecho Procesal. 

Con el objetivo de hacer más eficiente la respuesta a esas solicitudes, Cabello anunció que en las próximas semanas se pondrá al servicio de la comunidad una aplicación que funcionará en todos los dispositivos móviles y que permitirá a los usuarios hacer seguimiento a los trámites de sus peticiones ante el ente de control.

La jefe del Ministerio Público también precisó que, en el último año, se han tramitado cerca de 10 mil solicitudes por afectaciones de usuarios en el acceso a la justicia civil ordinaria, por la demora en la toma de decisiones y procesos civiles represados por la virtualidad, la pandemia y pospandemia. Por medio de estas denuncias, que llegan a través de la Procuraduría Delegada para Asuntos Civiles, los usuarios solicitan la intervención del ente de control para la agilización de los procesos civiles y administrativos, que les permita obtener respuestas oportunas a sus requerimientos o que alerten sobre malas prácticas en la gestión o en las decisiones judiciales.

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La Procuraduría General de la Nación, atenta a las preocupaciones de la ciudadanía sobre la no atención en los despachos de los juzgados, ni a través de los canales de acceso y comunicación, inició un modelo piloto de investigación en su labor preventiva llamado “Vigilancia al acceso ciudadano en la jurisdicción civil”, para analizar mejoras a la justicia civil en virtud de las múltiples quejas por la virtualidad y la congestión judicial. 

En esta investigación se encontraron problemáticas como el acceso difuso a la información y a los medios digitales; dificultad en la práctica de pruebas; problemas estructurales de congestión y atraso judicial; falta de digitalización de expedientes luego de dos años; y difusión insuficiente de los canales de acceso a la justicia digital. Este modelo de investigación permitirá un seguimiento más eficiente ante las necesidades de los ciudadanos.