Un informe del Instituto para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) da cuenta de que cruzando información con la ONG Temblores y la Red de derechos Humanos FIC, desde que comenzó el paro nacional el pasado 28 de abril y con corte al pasado 8 de mayo en el país se han registrado 40 homicidios en desarrollo de las manifestaciones.
El documento divulgado dice que se tiene registro de 7 personas más que figuran como NN en la ciudad de Cali (Barrios: Siloé y La Luna), cuyas identidades aún no han sido establecidas plenamente.
Indepaz asegura que el registro se realiza con información directa e inmediata de las organizaciones sociales y defensores de Derechos Humanos a lo largo y ancho de Colombia, la Defensoría del Pueblo y denuncias de la ciudadanía.
“Muy destacable la labor de los jóvenes que denuncian con sus celulares y nos hacen llegar los videos en medio de las agresiones”, dice el informe en el que se mencionan las identidades de las personas fallecidas.
Del total de homicidios el informe dice que 28 se han registrado en el Valle del cauca, particularmente en la ciudad de Cali y una víctima en el municipio de Yumbo.
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En Bogotá son 2 las víctimas registradas; 3 en Risaralda; 2 en Madrid Cundinamarca y una más en Soacha, que corresponde al capitán de la Policía Jesús Alberto Solano; una en Floridablanca (Santander); una en Medellín y una en Ibagué.
El informe, además, señala que en 15 de estos hechos estarían comprometidos miembros del cuerpo Esmad; en otros cinco miembros de la Policía Nacional; en dos casos civiles no identificados y en 18 casos no hay información disponible.
Indepaz, adicionalmente, muestra en otro documento, con corte al 4 de mayo pasado, que se habrían registrado nueve casos de violencia sexual contra mujeres en desarrollo de las manifestaciones; 18 víctimas de heridas en los ojos; 1.565 hechos violentos, y 200 agresiones por parte de la Policía Nacional.
El viernes pasado, la Procuraduría General de la Nación informó que en desarrollo de las investigaciones por los desmandes durante el paro se han abierto 30 investigaciones contra servidores públicos, y en 18 delos casos el Ministerio Público invocó el poder preferente para asumir las investigaciones.