El defensor del Pueblo, Carlos Camargo, sostuvo que la postura de la entidad en cuanto a la invasión de tierras ha sido que se implementen respuestas efectivas que pongan término a las vías de hecho. Del mismo modo mostró su preocupación por el aumento de homicidios de menores de edad y habló de las acciones que se han tomado para enfrentar la violencia contra líderes sociales.

Por último, reveló cómo se encuentra la situación de los migrantes en Colombia y cuál ha sido el papel de la Defensoría ante la crisis carcelaria con un hacinamiento que calificó de alarmante.  

EL NUEVO SIGLO: ¿Cuál ha sido la postura de la Defensoría ante la invasión de tierras que se ha presentado en varios puntos del país?

CARLOS CAMARGO: En cuanto a la ocupación indebida de tierras, la Defensoría del Pueblo ha hecho un llamado a todas las autoridades gubernamentales para que se avance con mayor agilidad en la implementación de las acciones que permitan atender los diferentes conflictos sociales relacionados con esta problemática. Hemos enfatizado que se requiere implementar respuestas efectivas que pongan término a las vías de hecho, toda vez que la tolerancia con las ocupaciones ilegales de tierras y predios privados, que desbordan el marco de lo estrictamente legal, ha hecho que estén aumentando y en consecuencia de ello se eleva la conflictividad social en el país. La Defensoría reitera su disposición para seguir acompañando los espacios de diálogo en las regiones y para servir de garante de los acuerdos.

ENS: Usted mostró unas cifras preocupantes del aumento de homicidios de menores de edad en el país. ¿Cuál es el llamado para reducir este flagelo en el país?

CC: Este año se han presentado 426 casos de homicidios de menores de edad y superan en 30 episodios los presentados en 2021. Desde la Defensoría hemos insistido en la necesidad de generar políticas para fortalecer a las familias como entornos protectores de la niñez. El Estado está llamado a intervenir de manera efectiva cuando la familia no provee condiciones de seguridad para el desarrollo armónico e integral. La falta de una respuesta efectiva en los casos de violencia intrafamiliar, tristemente produce muertes.

También creemos que es importante que el Ministerio de Justicia fortalezca las capacidades de las comisarías de familia para que se tomen acciones enfocadas a una oportuna intervención en los casos de violencia intrafamiliar. 

Líderes sociales

ENS: ¿Cómo se ha defendido la integridad y la acción de los líderes sociales desde la Defensoría?

CC: Hemos hecho permanentes llamados al Gobierno Nacional y a las autoridades para que tomen medidas efectivas de prevención y protección a la vida de los líderes sociales, pues solo en los primeros ocho meses asesinaron a 136 personas que trabajaban por las comunidades y por los derechos humanos. Claro, como Defensoría les hemos exigido a los grupos armados ilegales detener sus acciones contra la población civil y estos líderes, y que aprovechen la oportunidad de diálogo que les brinda el Gobierno Nacional. Sin embargo, los casos siguen presentándose.

Los crímenes contra estas personas afectan de manera grave a las comunidades que representan, porque buscan silenciar las voces de quienes le dan vida diariamente a la democracia en los territorios.

Estamos ante una oportunidad histórica para establecer una ruta de diálogo que nos permita alcanzar la paz que tanto anhelamos, pero para ello necesitamos una clara voluntad de paz de todos los actores armados.

Migrantes

ENS: ¿Con la apertura de la frontera con Venezuela qué reportes ha recibido la Defensoría de parte de los migrantes que llegan al país?

CC: Tras esta nueva situación activamos a todos nuestros equipos regionales en los diferentes pasos fronterizos para conversar directamente con los ciudadanos sobre los retos que en materia de derechos humanos surgen en el marco del restablecimiento de relaciones entre los dos países.

Personalmente estuve en Norte de Santander, en el sector de La Parada, para analizar la situación. Creemos que es fundamental que se revise el tránsito de migrantes en situaciones de precariedad económica, sin la documentación legal necesaria y en condiciones de vulnerabilidad.

Las difíciles condiciones económicas y sociales, la indiferencia institucional en algunas regiones, la falta de entornos protectores y el conflicto armado generan diferentes vulneraciones a los derechos de los menores de edad. Por esta razón los niños y adolescentes deben ser la prioridad en el restablecimiento de las relaciones entre Colombia y Venezuela.

Hay que analizar bien esta apertura de frontera, porque este año se observa un éxodo hacia el norte del continente que busca atravesar el Tapón del Darién. De los 134.000 migrantes que este año han llegado hasta Panamá, el 69 % son venezolanos que viajan en precarias condiciones económicas y 15 % de ellos son menores de edad. Con la apertura, el número podría crecer.

ENS: ¿Cómo se encuentra la situación de los presos en Colombia? ¿Qué ha podido corroborar la Defensoría?

CC: En los análisis de nuestra Delegada para la Política Penitenciaria y Carcelaria se evidencia un alarmante hacinamiento que hasta agosto pasado llegó al 177 % en los Centros de Detención Transitoria, con una sobrepoblación total de 14.176 personas, y del 20 % en los Establecimientos de Reclusión del Orden Nacional, con una sobrepoblación de 16.297 personas privadas de la libertad. Desde la Defensoría del Pueblo hemos podido constatar de primera mano que las cifras de hacinamiento no solo reflejan una ausencia de espacio vital, sino que representan verdaderas condiciones de indignidad humana

Ante esta crisis penitenciaria y carcelaria es hora de concebir penas alternativas al encarcelamiento que puedan beneficiar a la sociedad, brinden una oportunidad al infractor de retribuir el daño causado y de esa manera eviten su reincidencia.

ENS: Tras las fuertes lluvias que ha dejado la ola invernal, ¿cómo ha sido la atención a los damnificados en el país?

CC: La Defensoría del Pueblo recomendó al Gobierno Nacional y al Congreso de la República que se evalúe la necesidad de aumentar, dentro del Presupuesto General de la Nación, los recursos para conocer, reducir y atender el riesgo de desastres como consecuencia del cambio climático y la temporada invernal que afecta al país. Es urgente que se incrementen los recursos destinados a la prevención de riesgos, a la atención de desastres y a la recuperación post-emergencias y que estos sean adecuadamente priorizados con el fin proteger los derechos a la vida, a la vivienda digna, salud, educación, mínimo vital y seguridad alimentaria de las comunidades más vulnerables.

La recomendación tiene un llamado de urgencia ante el inicio de la segunda temporada invernal, el aumento de las lluvias como consecuencia del fenómeno de La Niña, aunada a la severidad y atipicidad de las precipitaciones como efecto del cambio climático, que pueden generar las condiciones propicias para la ocurrencia de crecientes súbitas, avenidas torrenciales y deslizamientos, desastres naturales que vulneran los derechos de la población.

Ante esta situación, el pasado mes de agosto la Defensoría del Pueblo solicitó a la UNGRD y a los Consejos Territoriales de Gestión del Riesgo que adoptaran medidas urgentes para prevenir y atender las consecuencias de los eventos climáticos extremos.

Recuadro

Los derechos humanos

ENS: ¿Qué sucede con la situación de derechos humanos en Colombia, cómo la puede calificar?

CC: Entre el 1 de enero y el 31 de agosto del 2022 se presentaron 136 casos de homicidios contra líderes sociales y personas defensoras de derechos humanos en el país, 27 casos más que los registrados en el mismo periodo del año anterior. Así quedó consignado en el Mapa Nacional de Vulneraciones a los Derechos Humanos que presentó la Defensoría del Pueblo en el marco de la conmemoración del Día Nacional de los Derechos Humanos.

El Cauca es uno de los departamentos en las que se cometió el mayor número de homicidios contra líderes sociales y defensores de derechos humanos. En los primeros ocho meses del año se presentaron 19 asesinatos en Cauca, 21 en Nariño y 15 en Antioquia. Le siguen: Putumayo con 12 asesinatos, Arauca con 9, Valle del Cauca con 9, Bolívar con 8, Tolima con 6, Caquetá con 5, Norte de Santander con 4, Cesar con 4, Chocó con 3, Meta con 3, Sucre con 2, San Andrés con 2, La Guajira con 2, Santander con 2, Risaralda con 2, y Boyacá, Caldas, Cundinamarca, Casanare, Guaviare, Córdoba, Magdalena y Bogotá con un caso cada uno.