La demanda en contra del Gobierno radicada por tres estudiantes de la facultad de derecho de la Universidad de los Andes y que alegaba el no cumplimiento con la ley de cuotas de género fue aceptada por la Sección Quinta del Consejo de Estado. 

Para esta decisión, los magistrados que estudiaron el recurso se basaron en demandas pasadas a gobiernos anteriores por la misma situación, así como la jurisprudencia constitucional sobre la Ley 581. En ese sentido, pidieron al presidente Iván Duque no descartar esta normativa. 

Juan Pablo Alvis, uno de los estudiantes que presentaron la demanda, señaló que esto se ha convertido en "una especie de costumbre" en los gobiernos e instó a que la ley de cuotas sea tomada en serio como ley tanto por los presidentes como por las diferentes ramas del poder en Colombia. 

“El desconocimiento o vulneración de cuotas también representa un desconocimiento a los mandatos constitucionales que le dieron sustento. Por eso esto nos parece de la mayor gravedad”, agregó Alvis.

Cabe recordar que la demanda fue presentada de acuerdo al artículo 4 de la ley 581 de 2000 establece que el porcentaje mínimo de mujeres trabajando debe ser del 30% y, según los demandantes, actualmente ese porcentaje equivale al 27,7% del total de Ministerios en el Ejecutivo, cifra que se vio reducida después de la salida de la ministra del Interior, Alicia Victoria Arango Olmos. 

En ese sentido, el recurso señala que en reemplazo de Arango debió haberse nombrado a otra mujer en vez del actual jefe de la cartera, Daniel Andrés Palacios. 

“Desde el momento en que la señora Alicia Arango dejó de ocupar el cargo de ministra del Interior, la composición del gabinete de ministros solamente incluye cinco mujeres, lo que equivale a que el 27,7% del total de ministerios (18) está actualmente dirigido por una mujer”, se lee en la demanda.

En ese sentido, los estudiantes pidieron al Consejo de Estado que ordene al presidente Duque tumbar el decreto por medio del cual se nombró a Palacios y hacer un nuevo nombramiento que cumpla con lo establecido en la Ley 581 de 2000, la cual obliga que al menos el 30% de los miembros del gabinete sean mujeres.