CON MÁS dificultades que facilidades a la hora de implementar su visión de país, los alcaldes y gobernadores de Colombia cumplirán el próximo 31 de diciembre del 2021 su segundo año al mando de los municipios, distritos y departamentos del país.

Tras ser elegidos en octubre del 2019, y luego posesionados desde el 1 de enero del 2020, las administraciones han enfrentado duros retos para afrontar su mandato, desde la llegada del coronavirus hasta el recrudecimiento de la violencia urbana y rural, con problemáticas como el desempleo o los conflictos políticos con las corporaciones públicas.

En este sentido, EL NUEVO SIGLO hizo un recuento de los principales puntos críticos que han atravesado los mandatarios durante sus gestiones en sus territorios.

1. Crisis de la pandemia

Ni siquiera hubo un puntapié inicial en la implementación de sus planes de desarrollo y de inmediato tuvieron que enfrentar la mayor crisis de la historia en el mundo. La propagación rápida del coronavirus hizo que la aprobación de estos programas fuera suspendida y se adoptaran medidas de urgencia para contrarrestar los picos de contagios y el cuidado de la ciudadanía en las casas.

Con el pasar de los días, los mandatarios no tuvieron mayor opción que acogerse a las medidas dadas por el Gobierno, desde la cuarentena total hasta las restricciones a la movilidad, hecho que generó inconformidad en los ciudadanos que ejercían sus labores presencialmente.

Asimismo, las redes hospitalarias colapsaron con el incremento de pacientes enfermos con el virus, y aunque algunos adoptaron nuevos escenarios para adecuar a los mismos, otros mandatarios pidieron el traslado de personas a otras ciudades cercanas para evitar que la situación se saliera de control.

Sin embargo, la esperanza renació cuando arribó el primer lote de biológicos anticovid al país. Y aunque al principio la distribución inicial fue favorecida para algunos y preocupante para otros, en la actualidad, el avance de la vacunación masiva ha ido restableciendo las actividades comerciales, eso sí, con medidas restrictivas como la presentación del carné de vacunación para establecimientos de ocio, con el fin de impulsar la reactivación económica de la región, aunque la amenaza de una nueva variante incurra en un riesgo general para el país.

2. Inseguridad

En medio de la crisis social de la pandemia, los alcaldes y gobernadores continúan enfrentado una problemática de nunca acabar. El aumento del hurto en sus tres modalidades, simple, agravado y calificado, y las muertes ocasionadas por los mismos, han generado preocupación tanto en la urbanidad como en el sector rural.

Según datos de la Corporación Excelencia para la Justicia, cada día se presentan 687 robos en el país. Además, el análisis muestra un aumento del uso de armas de fuego para cometer delitos, pasando de 82.013 incidentes en 2020 a 96.842, con un promedio de 399 episodios cada día. De igual manera, la Policía reveló que en el primer semestre del año se habían registrado 7.972 homicidios, un aumento de 1.540 casos con respecto al 2020.

Se espera que con la recién aprobada Ley de Seguridad y Convivencia Ciudadana en el Congreso, donde se contemplan penas carcelarias para los reincidentes en la criminalidad, las administraciones acepten estas medidas para mitigar este fenómeno que azota a la población colombiana.

3. El reciclaje de la violencia

Cuando parecía que la firma del Acuerdo de Paz abría un camino a la reconciliación y la tranquilidad en las comunidades, entraron otros actores del conflicto armado para desvanecer esta esperanza. La desaparición de las Farc hizo que reaparecieran otros grupos como el ‘Clan del Golfo’, Eln, Bacrim, entre otros, cuyas acciones contra la ciudadanía han estado en constante observación de las alcaldías y gobernaciones.

Aunque los consejos extraordinarios de seguridad realizados por el Gobierno nacional contemplaban nuevas medidas para garantizar la seguridad de la población, lo cierto es que la ciudadanía aún percibe aires de que puedan atentar contra su vida. En el último reporte del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), se han registrado 90 masacres en el 2021, con un saldo de 320 víctimas, entre ellos líderes sociales y defensores de derechos humanos.

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4. Narcotráfico

Una posible causa del reciclaje de la violencia es la disputa por el control del narcotráfico en las zonas del país, las guerras entre bandas criminales han generado que se aumenten los indicadores de desplazamiento y confinamiento en el último año.

Un ejemplo fue lo ocurrido en el municipio de Ituango, donde arribaron más de mil pobladores rurales hacia el casco urbano por esta situación, lo que generó gran preocupación en la alcaldía ya que esta situación no se había presentado desde varios años, haciendo un llamado a la Fuerza pública para que hiciera presencia y calmará la tensión en esta región.

Además de Antioquia, los departamentos que tienen acceso a la frontera como Norte de Santander, Arauca o Nariño, mantienen alertas sobre las actividades de grupos armados relacionados con el narcotráfico.

5. Paro nacional

El segundo año de mandato para las alcaldías y gobernaciones quedará en el recuerdo luego de suplir las afectaciones que dejo el estallido social derivado por la propuesta de reforma tributaria impulsada por el Gobierno de Iván Duque en abril de este año.

Pese a que en la gran mayoría de ciudadanos mostraron su inconformidad mediante la manifestación pacífica, una minoría de vándalos hizo que la protesta fuera encaminada hacia la violencia, llegando incluso al bloqueo de vías y destrucción del patrimonio, lo que afectó la economía de productores y campesinos, y la pérdida de varias vidas humanas.

No obstante, uno de los puntos a destacar fue la apertura de espacios de diálogo para que los líderes de las movilizaciones expresaran sus ideas para reclamar sus derechos, como en Bogotá, donde el Concejo hizo sesión abierta en la Plaza de Bolívar.

Entorno político

6. Corto circuito en concejos

Otro de los grandes problemas que han tenido los mandatarios locales son las constantes disputas políticas entre los Concejos y Asambleas en sus territorios.

Dentro de las grandes diferencias se destacan las actualizaciones del Plan de Ordenamiento Territorial (POT); los cabildantes exigían no sancionarlo por decreto y poder desarrollarlo en la próxima vigencia, al igual que los convenios o contrataciones para la ejecución de obras para el territorio, la influencia de los mandatarios en las elecciones de las nuevas directivas o las creaciones de empresas mixtas para el manejo de los servicios públicos, como en Cali, que finalmente fue hundido por el Concejo municipal.

7. La elección de contralores

Finalmente, la elección de contralores y personeros para el periodo 2022-2025 siguió causando revuelo en las administraciones, especialmente en las Asambleas y Concejos municipales.

Precisamente el Consejo Nacional de Contralores hizo una advertencia a la Procuraduría para que se indaguen las acciones realizadas por las corporaciones, donde persistieron las irregularidades en los procesos de selección, desde la escogencia de la institución de educación superior para vigilar los exámenes, o en los actos de corrupción para avalar candidatos que obtuvieron puntajes inferiores a los establecidos, como en Santander, Cauca, Norte de Santander y Risaralda.

Expertos consultados por este diario indicaron que la gran culpa recae en las asambleas y concejos, debido a una mala aplicación del Acto Legislativo 04 de 2019, que contempla la escogencia de la terna por parte de la entidad.