La Procuraduría General de la Nación ordenó la apertura de investigación disciplinaria contra la alcaldesa mayor de Bogotá, Claudia López Hernández, por el posible incumplimiento de las obligaciones legales relacionadas con la obligación de crear, dirigir, organizar, administrar, sostener y vigilar las cárceles, o centros de prisión preventivos, y los casos de hacinamiento registrados en la capital.
“Alcaldes en el ojo del huracán por presunta omisión en sus funciones ¿Qué medidas tomarán para solucionar este problema? La Procuraduría General de la Nación abre investigación contra la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, y el Secretario de Gobierno por posible omisión frente al hacinamiento en centros de detención transitoria”, anunció la Entidad a través de su cuenta oficial de Twitter.
El expediente de la Sala Disciplinaria de Instrucción, que incluyó al secretario de Gobierno de la capital del país, Felipe Jiménez Ángel, sostuvo que, al parecer, no se han brindado las garantías que la ley exige para las personas privadas de la libertad.
El Ministerio Público indicó que con su presunta omisión, la alcaldesa y su funcionario pudieron incumplir sus deberes funcionales, por lo que ordenó la práctica de pruebas que permitan el esclarecimiento de los hechos y la situación actual y real de los distintos centros de detención transitoria de la ciudad.
La actuación disciplinaria que inició la Entidad busca determinar la ocurrencia de la conducta, establecer si es constitutiva de falta disciplinaria y definir si se actuó o no al amparo de alguna causal de exclusión de responsabilidad.
Hasta el momento de esta publicación ni la Alcaldesa Mayor ni el Secretario de Gobierno se han pronunciado al respecto.
Bajo la lupa de la Personería
En las últimas semanas el Personero de Bogotá, Julián Pinilla Malagón, solicitó de manera urgente a las autoridades del Distrito y del orden nacional que adopten medidas que pongan fin a los tratos inhumanos y pésimas condiciones en las que se encuentran cientos de personas en los centros de detención transitoria de Bogotá.
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“De manera urgente solicito a las autoridades del Distrito y del orden nacional que tomen decisiones para cambiar esta situación”, indicó el Personero al tiempo que denunció el alto hacinamiento que se vive en estos centros, al punto que en el de Engativá hay 16 detenidos ubicados en el lugar que corresponde al shut de basuras.
Este pronunciamiento del funcionario ocurre luego de que junto a magistrados de la Corte Constitucional visitaron las URI de Puente Aranda y las estaciones de policía de la Candelaria y Engativá en seguimiento a una sentencia de meses atrás.
“En los últimos meses hemos realizado reiteradas advertencias sobre los altos índices de hacinamiento en los 21 centros de atención transitoria, que superan 268 % de su capacidad. Son más de 3 mil personas que padecen diversas afectaciones en estos lugares”, dijo.
Además, sostuvo que “es lamentable la situación en la que están 16 detenidos en una estación de policía de Engativá que aguardan en un espacio habilitado como shut de basura, oscuro y sin ventilación, a la espera que le definan su situación penal o el cumplimiento de sus condenas. En este lugar se registra además un hacinamiento del 203 %”.
Finalmente, dijo Pinilla Malagón que “como guardianes de los derechos hacemos un seguimiento permanente a la situación en que se encuentran los privados de la libertad en nuestra ciudad y exigimos el respeto a sus derechos humanos”.