LAS CRÍTICAS contra el gobierno del presidente Gustavo Petro por su decisión de derogar un decreto del Código de Policía sobre la tenencia y distribución de drogas en los espacios públicos no han cesado.

Sobre la medida se ha generado gran polémica, debido a las incidencias que podrían generar en cuanto a seguridad pública y lucha contra el tráfico de estupefacientes.

El expresidente Iván Duque fue uno de los primeros en rechazar la determinación, la cual, a su juicio, favorece el crimen.

“El decreto derogado buscaba decomisar drogas en las calles, no criminalizar consumidores. Era una medida contra los jíbaros para garantizar entornos seguros. Con las nuevas disposiciones les llegó su diciembre a los delincuentes. Otra medida en favor del crimen y el detrimento de las familias colombianas”, trinó el exmandatario.

En la misma tónica se pronunció el antiguo jefe de Estado y líder del Centro Democrático, Álvaro Uribe.

“Legalizar la droga, ¿y entonces la juventud y la familia y el futuro de la nación? Colombia no lleva personas a la cárcel por consumir o portar (la) dosis personal de drogas, por eso no están penalizadas. El uso médico, científico, medicinal, está legalizado desde los años 1960”, trinó.

La publicación de Uribe consiguió la inmediata respuesta del presidente. “No veo por qué derogar las multas que puso Duque de manera inconstitucional haga disfuncional la familia. Al contrario, la herida abierta entre la juventud barrial y la policía local se puede cerrar al dejar de ejercer el Estado una persecución insensata contra los jóvenes de los que se sospecha son consumidores solo por ser jóvenes”, dijo.

El alcalde electo de Medellín, Federico Gutiérrez, también opinó en contra de la decisión del gobierno, asegurando que de esta forma Petro le hace gran daño al país.

“Gustavo Petro le hace un gran daño a la sociedad colombiana prohibiendo que la Policía impida la venta de drogas ilícitas en las calles… es una especie de legalización del microtráfico”, dijo.

“Por cuenta de esta decisión irresponsable, los alcaldes electos del país tenemos que prepararnos para enfrentar un aumento del microtráfico, de la violencia urbana, del crimen general y de la destrucción de más familias por cuenta de este delito”, continuó el también excandidato a la Presidencia.

De “inaceptable” calificó el alcalde entrante de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán, la derogación del mencionado decreto, argumentando que quita a la Policía Nacional facultades para combatir el consumo de sustancias en lugares públicos.

“Hasta el fentanilo queda libre para su distribución, comercialización y consumo con este decreto. La policía queda sin herramientas para perseguir el microtráfico. Petro siempre buscando proteger a los delincuentes”, trinó la representante de Cambio Radical Carolina Arbeláez.

La defensa

Por su parte, Néstor Osuna, ministro de Justicia, explicó que "este decreto no elimina la prohibición de comercio, ni de tráfico, ni de microtráfico, ni ningún comercio de drogas. Eso sigue severamente prohibido por la ley colombiana".

Destacó que la administración Duque extendió mediante decreto una prohibición de consumo para aplicar sanciones administrativas al porte de drogas.

"Después de eso, la Corte Constitucional en varias sentencias ha mencionado que el porte no se puede sancionar administrativamente. También el Consejo de Estado, revisando ese decreto que estamos derogando ahora, manifestó que no se podía utilizar la figura de una sanción con multa para el porte, porque lo que está prohibido en Colombia es el comercio", explicó el ministro.

Ante tal situación, el Partido Conservador presentará ante el Congreso un proyecto de ley para la restitución del decreto derogado.

“Inaceptable que el Gobierno Nacional derogue el decreto que facultaba a Policía para decomisar estupefacientes y multar a los portadores de droga en el espacio público. Con esta decisión, el microtráfico queda con patente de corso para actuar con plena libertad”, puntualizó la organización en X.

Luego del anuncio que hiciera la colectividad, el jefe de Estado dijo que la iniciativa es inconstitucional. "Si es inconstitucional el decreto que pone sanciones administrativas a una libertad otorgada por la Constitución, también es inconstitucional una ley que diga lo mismo que el decreto", destacó el mandatario.