EN EL Congreso se encuentran en trámite varias iniciativas que buscan fomentar la participación, atención e inclusión de las personas en condición de discapacidad en Colombia.

Un informe del DANE en 2018 determinó que en el país hay cerca de 3,2 millones de personas con discapacidad; de ellos, el 7,2 por ciento dijo presentar alguna dificultad funcional para realizar sus actividades diarias.

De igual manera, el Ministerio de Salud, a través del Registro de Localización y Caracterización de Personas con Discapacidad, indicó que las zonas con mayor cantidad de ciudadanos con discapacidades de cualquier tipo son Bogotá, Antioquia, Valle del Cauca, Santander y Nariño, representando el 52% del acumulado nacional.

Para ayudar a esta franja poblacional está en turno para plenaria del Senado la discusión de un proyecto, de autoría de la congresista del Centro Democrático Ruby Chagüi, que pretende garantizar la apropiación de los equipos digitales en las personas con discapacidad, lo que generará una mejor interacción social y productiva con esta población.

Por otro lado, tras quedar archivado en la anterior legislatura, el representante a la Cámara conservador por Cundinamarca, Buenaventura León, presentó nuevamente el proyecto que busca modificar el monto de pensión de vejez de los padres y madres trabajadores cuyo hijo presente condiciones de discapacidad, que tengan más de 55 años y hayan cotizado más de mil semanas en el régimen de seguridad social.

Desde la bancada conservadora en la Cámara también se está impulsando un proyecto para asegurar el cumplimiento de la ley 1618 del 2013, que contempla el goce efectivo de los Derechos de las Personas con Discapacidad en el territorio nacional.

La normativa establece multas a quienes vulneren los derechos al acceso del transporte público, la información y comunicaciones, la cultura, recreación y deporte, entre otros, con una cifra equivalente a los mil salarios mínimos legales mensuales vigentes. La proposición es liderada por el congresista Juan Carlos Wills y está para primer debate en la Comisión Primera.

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De igual manera, la propuesta del representante por Magdalena, Carlos Mario Farelo (Cambio Radical), incentiva la inclusión laboral de esta población, teniendo en cuenta que el 64 por ciento no cuenta con un sustento económico, según el informe del Ministerio de Salud. Asimismo, la iniciativa promulga el uso de lenguaje inclusivo y elimina los apelativos con los que son discriminados en la actualidad. La propuesta está lista para su primer debate en la Comisión Tercera de Cámara.

Por otra parte, la bancada del Centro Democrático radicó el 22 de julio un proyecto que pretende ajustar la destinación de la Estampilla Pro-Desarrollo Departamental, con el fin de que se garanticen recursos para los sectores fundamentales de las regiones, entre ellos, las personas con discapacidad.

Otras proposiciones

De otro lado, la representante Margarita Restrepo planteó un proyecto que regula el sistema de audiodescripción en el país, con el fin de reconocer los derechos de las personas con discapacidad visual, a través de la recepción de información mediante un aparato que transcriba lo que se emite en filmes, documentales, series y producciones de la televisión nacional. La ponencia se encuentra en lista para tener su primer debate en la Comisión Primera de Cámara.

Otro caso de reintento de radicación de proyectos es la ponencia que lidera el congresista de la Coalición Alternativa Santandereana, Edwing Fabián Díaz, que busca la promoción y regulación de perros guía o de asistencia y garantizar el ejercicio del derecho al acceso, deambulación y permanencia en lugares públicos o privados de uso público y a los medios de transporte para las personas con discapacidad visual o que necesiten la ayuda del canino.

Cabe resaltar que existe una ponencia similar a esta que se alista para su segunda discusión en la plenaria de la Cámara de Representantes, tras su primera aprobación el pasado 25 de agosto en la Comisión Primera.

Por último, la representante conservadora por Tolima, Adriana Matiz, presentó una iniciativa que hará realidad la posibilidad de crear políticas para la formación profesional de esta población bajo estas condiciones.

La congresista resalta que en el 2020 solo el 20,85% de las mujeres en los niveles 1 y 2 tienen educación superior sin dificultades, mientras que el 17,12% de los hombres ha alcanzado a cursar algún programa de la oferta académica que disponen las universidades públicas y privadas de Colombia. La ponencia está en turno para plenaria de la Cámara.