La reforma a la salud vio finalmente su avance en la Cámara de Representantes, luego de meses en trámite en esta corporación. A pesar de intentar su aprobación en las sesiones extras tanto de diciembre como en febrero, fue ahora en las ordinarias que finalmente, con Armando Benedetti frente a la cartera del Interior, esta iniciativa de 83 artículos vio la luz verde.

No obstante, lo que es una victoria para el Gobierno nacional, sus bancadas y los acuerdos con diferentes partidos, ha resultado en blanco de críticas tanto en el sector político como en el sector de la salud, donde la iniciativa parece no contar con un respaldo mayoritario de profesionales ni pacientes.

El espejo

De manera inicial, en cuanto a los gremios, el comunicado que mayores reacciones generó fue el emitido por Fecode. El gremio de los profesores elevó una queja sobre el manejo del sistema de salud por parte de la Fiduprevisora, que cumple las funciones principales de regulación del sistema, tal cual lo haría la Adres en la nueva propuesta del Gobierno nacional.

El gremio expresó preocupaciones alarmantes con un sistema cada vez peor, del que destacan “un papel pobre en la dirección de la estrategia de estabilización y consolidación de modelo y, por el contrario, han primado antiguas prácticas nocivas, hoy envueltas en escándalo de presunta corrupción, dejó vencer 2.914 contratos a entidades médicas, para ahondar la crisis a partir del 1.° de enero de 2025; mientras que se oculta el hecho de que al 70 % de los prestadores se les paga el 70 % de sus servicios con base en la facturación”.

Y es que, como puntualizaron algunos parlamentarios en medio de la discusión de la reforma, el sistema que hoy aplica en Fecode es el modelo que buscaría seguir el Gobierno, eliminando las EPS como las mediadoras en el sistema de salud. No obstante, estos argumentos no fueron tenidos en cuenta.

Ahora bien, para Duvalier Sánchez, representante a la Cámara de la Alianza Verde, “hay que tener mucho cuidado con crear un ‘Leviatán’ en la Adres, una entidad con tantas responsabilidades que al final no haga ninguna bien”. Además, el parlamentario dijo a EL NUEVO SIGLO que, de acuerdo con el texto, esta entidad va “a contratar, a supervisar, a planear, a financiar como un banco y a auditar. Son tantas cosas que al final puede terminar colapsando”.

Impacto fiscal

Frente al impacto fiscal, el principal opositor a la medida ha sido la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI). Bruce Mac Master, presidente de este gremio, ya había rechazado la medida, asegurando que no tiene en cuenta a los pacientes en el sistema.

Además, a través de un comunicado agregaron que hay una diferencia importante entre las estimaciones del Gobierno y lo proyectado en gremios frente a la reforma. En este sentido, la ANDI asegura que mediante estudios técnicos se determinó que “la reforma a la salud no es sostenible con la realidad fiscal del país. Los cálculos arrojan un déficit de $141,1 billones en los próximos 10 años, mientras que los cálculos del Ministerio arrojaban un superávit de $21,8 billones”.

En una línea similar y respaldada con los reportes tanto de la ANDI como de las asociaciones de profesionales de la salud y los pacientes, la representante Catherine Juvinao cuestionó que en la reforma “en el segundo concepto del Ministerio de Hacienda se eliminó los concerniente a la construcción de los CAPS, que son $8,1 billones; se eliminó los concerniente al sistema de información por valor de $1 billón; se excluyó la formalización del talento humano en salud, que tenía un valor de $8 billones; no se contemplaron los pasivos de la Nueva EPS para ser gestora por $2 billones”.

De otra parte, el representante Julio César Triana, de Cambio Radical, dijo a EL NUEVO SIGLO, en relación con el impacto fiscal, que “una reforma a la salud de la que no sabemos cuánto le cuesta al país, ni cuánto le va a costar a cada ente territorial, ni cuántos de esos recursos le van a poner del Presupuesto General de la Nación, lo que va a hacer es dar funciones a los entes territoriales y municipios para luego dejarlos solos”.

Estatización y méritos

Por otro lado, Triana destaca que en la reforma solo se están trasladando funciones y con ello se “rompe la autonomía territorial. Que sea el Ministerio de Salud el que termina determinando quiénes son los profesionales de la salud que llegan a cada ente territorial sin duda es un abuso”. Además, el parlamentario cuestionó la infraestructura, de la cual dijo es insuficiente para acoger el nuevo modelo de salud.

De su parte, el parlamentario Alejandro García advirtió que “la corrupción cambiará de manos”. Aunque dijo que se han presentado miles de casos de corrupción, apuntó que en el nuevo modelo “no va a haber un proceso de selección transparente y con méritos, sino que puede ser elegido con la política territorial, y con ello hay un enorme riesgo de sobrefacturación y captura de los recursos. Lo público por ser público no quiere decir que sea transparente o eficiente”, destacó en este diario.

Asimismo, Andrés Forero, vocero del Centro Democrático en esta corporación, señaló otro aspecto clave y es la falta de una cabeza visible para la atención al usuario. En este sentido, Forero le dijo al EL NUEVO SIGLO que “el Gobierno, en lugar de facilitar las cosas a los pacientes, está dando prioridad a la imposición de su ideología. Hoy por hoy, si una persona siente que no se le garantiza el derecho a la salud, puede entutelar a una EPS. Ahora, con eso no queda claro, se diluye esa posibilidad. Aunque trataron de que sean las gestoras, hay territorios en donde no habrá gestoras”.

Además, agregó que “dejaría de existir la UPC. Aquí la parten por la mitad. Dicen que un segmento va a garantizar a través de subsidio la oferta a los CAPS y, por otro lado, de forma residual, va a garantizar la mediana y alta complejidad. Allí, al fragmentar los recursos, fragmentan la atención y afectan a los pacientes”.

También, Piedad Correal, del Partido Liberal, señaló en una línea similar que “se está diluyendo la responsabilidad. ¿A quién se puede entutelar el día de mañana? ¿A la Adres, al Ministerio de Salud, a los CAPS, al municipio? Y con ello, ¿quién va a garantizar el derecho a la salud?”.

Finalmente, para los representantes también existe un riesgo de vicio de trámite. Catherine Juvinao, Hernando González, Mauricio Parodi y Carlos Edward Osorio advirtieron que el trámite no fue el correcto. Para Osorio, el problema de base es que “tiene disposiciones que tocan, vinculan y comprometen el núcleo esencial, el derecho fundamental de la salud. Este proyecto sí o sí debió haber sido tramitado como ley estatutaria. Eso supone que debió ir a comisiones primeras y ser aprobado por mayorías calificadas”, explicó a EL NUEVO SIGLO.

Finalmente, González le dijo a este diario que el problema radicaría en “que uno de los vicios fue haber puesto a votar a la gente sin que se hayan resulto las recusaciones. Segundo, votaron artículos que necesitan mayorías absolutas y se resolvieron con mayorías simples. Eso va a tener problemas. Además, varios artículos se votaron sin tener discusión”, advirtiendo que podría tener esta reforma el mismo camino que la reforma pensional, que podría caerse.

<DESTACADO> “Cuidado con crear un ‘Leviatán’ en la Adres, una entidad con tantas responsabilidades que al final no haga ninguna bien”

<DESTACADO> “El Gobierno, en lugar de facilitar las cosas a los pacientes, está dando prioridad a la imposición de su ideología”