La postura de la Fiscalía frente a la política de paz del Gobierno nacional, expresó ayer el fiscal general, Francisco Barbosa, quien advirtió que respalda la iniciativa desde que se haga atendiendo los estándares legales nacionales e internacionales así como en derechos humanos. 

El presidente Gustavo Petro dentro de su política de paz contempla adelantar conversaciones con los diferentes grupos al margen de la ley. Por un lado, una negociación con el Eln porque le reconoce estatus político por tratarse de una guerrilla; y por el otro, buscará acuerdos con los demás grupos armados delincuenciales, como el ‘Clan del Golfo’, para que se sometan a la justicia a cambio de unos beneficios de tipo penal. 

En tanto que el Gobierno aún no ha dado claridad sobre si dará tratamiento de guerrilla o de grupo delincuencial organizado, en el caso de eventuales conversaciones formales, a las disidencias de las Farc y la Segunda Marquetalia de ‘Iván Márquez’. 

El fiscal general durante su participación ayer en el Simposio Internacional de Seguridad Humana, organizado por la Policía Nacional, dijo que “la Fiscalía ayudará en todo lo relativo a ese sometimiento porque hay voluntad de paz de la Fiscalía General de la Nación”. 

Agregó Barbosa Delgado que “queremos que haya esa paz total o que se plantee esa paz total, y la respaldamos. Nosotros institucionalmente respaldamos las iniciativas y más aún la paz como un derecho de obligatorio cumplimiento, pero bien hecha y sobre los estándares legales, constitucionales e internacionales que se establecieron en este territorio y que acataron los estándares internacionales de derechos humanos”. 

Indicó que la Fiscalía deberá cotejar la información relacionada con las personas que se vinculen a un posible sometimiento para establecer su pertenencia real a organizaciones criminales y evitar casos de ‘colados’. 

Vale recordar que, en el marco de la Ley de Justicia y Paz, que permitió en el año 2005 el sometimiento de por lo menos 30 mil integrantes de grupos de autodefensa, se presentaron varios casos de ‘colados’, principalmente narcotraficantes que pretendían aprovechar esta norma para camuflarse y obtener beneficios penales.

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Incluso en esa oportunidad se produjo la falsa desmovilización de un frente completo, la cacica Gaitana, en donde hicieron aparecer como combatientes a indigentes y drogadictos que reclutaron días antes.

“Las caracterizaciones judiciales de la Fiscalía ya están hechas. La Fiscalía General de la Nación no es la del 2005 (…) es una Fiscalía mucho más técnica y mucho más científica. Tenemos el mismo personal, pero la capacitación y la fortaleza técnica, informática, de nuestra entidad es importante y relevante para este tipo de negociaciones”, afirmó el fiscal Barbosa Delgado.

A principios de octubre pasado, el fiscal Barbosa hizo su primer pronunciamiento sobre la política de paz del Gobierno. "Si hay proceso de sometimiento debe hacerse bajo la justicia ordinaria", dijo entonces.

Línea roja con Eln

Con respecto a la negociación con el Eln, el fiscal Barbosa precisó que no se debe perder de vista el Acuerdo de Paz que se firmó en 2016 con la entonces guerrilla de las Farc, pues advirtió que no se puede pactar más allá de lo allí consignado.

“Quiero llamar la atención sobre algo: los mínimos de esa negociación ya están determinados por la negociación de las Farc. Más que eso no puede haber porque se establecieron parámetros de Derecho Internacional Humanitario, de Derecho Penal Internacional y de Derecho Internacional de los Derechos Humanos que se le fueron explicados al fiscal de la Corte Penal Internacional”, dijo.

En el marco de su política de paz, el Gobierno impulsó la prórroga de la Ley 418, que habilita al presidente Petro para adelantar conversaciones con los grupos armados al margen de la ley. Al cierre de esta edición estaba pendiente en las plenarias de Senado y Cámara aprobar la conciliación para unificar el texto, pues se presentaron algunas diferencias en los artículos avalados por las plenarias. 

En tanto que está pendiente que el Ejecutivo presente el proyecto de ley de sometimiento de los grupos armados ilegales, en la cual establecerán las condiciones para adelantar este proceso, los beneficios y las obligaciones de las organizaciones que se sometan a la justicia.