Un proyecto de ley para crear la Colegiatura Democrática de Abogados Colombianos fue radicado en el Congreso con el propósito de regular el ejercicio de esa profesión en todo el país.
La iniciativa está liderada por el Colegio Colombiano de Juristas, en cabeza de su presidenta Carmen Consuegra, así como por el Colegio de Penalistas, cuya cabeza es Francisco Bernate.
EL NUEVO SIGLO entrevistó a este último sobre esta propuesta. “Esta es una unión entre muchos colegas que tenemos un propósito común y es que la colegiatura de abogados en Colombia sea obligatoria”, dijo.
Para Bernate es importante que todo abogado esté afiliado a un colegio. “Que para poder ejercer la profesión a un abogado lo respalde un colegio, y que en el evento que un abogado cometa una falta contra la ética, sea su colegio el responsable de investigarlo y juzgarlo”, agregó.
En la actualidad, cuando un abogado comete una falta disciplinaria lo investiga la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, integrada por magistrados que, de acuerdo con Bernate, muchas veces nunca han ejercido el derecho.
“Y esto se demuestra en que las sanciones contra los abogados superan en miles las que se imponen contra los funcionarios. Y, adicionalmente, las investigaciones contra los abogados se han convertido en una forma de limitar su capacidad de actuación, de estigmatizarlos, de exponerlos. Y nosotros no queremos exponerlos a eso”.
El penalista confía y ve un buen ambiente para la aprobación de ese Colegio y explica el proceso que le hace falta en el Congreso: “Lo que necesitamos es que se debata en esta legislatura, que podamos llegar a diciembre con el proyecto debatido, con eso el proyecto no se hunde. Y esperamos a ver si el año entrante ya lo tenemos como una realidad”, sostuvo.
El penalista no dudó de que con el establecimiento del Colegio los abogados van a trabajar tranquilos, “en el sentido de que si los van a investigar, van a ser personas que saben del oficio y la profesión, que no se va a intimidar a los abogados con investigaciones disciplinarias”.
También, señaló que en todo el mundo funciona el derecho con la colegiatura. “El Consejo de la Judicatura colombiano y la Comisión de Disciplina Judicial es algo que no se ve en ningún otro país del mundo. La colegiatura es obligatoria en todos los países, a los abogados no los investigan jueces. La situación de Colombia es insostenible y es única”.
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Por eso Bernate resaltó “que no encuentra ninguna razón por la que la abogacía en Colombia es la única que tiene en su Constitución su juez disciplinario. Está bien que los jueces, fiscales y procuradores lo tengan, que la rama juzgue a los de la rama, pero los abogados litigantes de Colombia creemos que los abogados debemos ser juzgados por abogados en ejercicio”.
Trámite en el Senado
Por ahora, el proyecto de ley 124 de 2021 del Senado está respaldado por 11 congresistas de diferentes bancadas: Germán Varón (Cambio Radical), Mauricio Gómez Amín (Partido Liberal), José Obdulio Gaviria (Centro Democrático) y Laureano Acuña (Partido Conservador).
También está firmado por los representantes Alfredo Ape Cuello (Partido Conservador), Buenaventura León (Partido Conservador), Sara Piedrahíta (Partido de la U), Jaime Felipe Lozada (Partido Conservador), Nicolás Echeverry (Partido Conservador), Ciro Rodríguez (Partido Conservador) y Armando Zabaraín (Partido Conservador).
De aprobarse la Colegiatura de Abogados, está tendría entre otras funciones principales la organización del Registro Nacional de Abogados, la expedición de la Tarjeta Profesional y de licencias temporales, además de la certificación de vigencia de la tarjeta profesional de abogado.
Respecto a la elección e integración del Consejo Directivo Nacional de la Colegiatura, el proyecto de ley señala que estará conformado por nueve miembros, los cuales serán elegidos democráticamente, a través de la postulación de listas por parte de los colegios y abogados no miembros de ninguna colegiatura, con una tarjeta profesional vigente, por un periodo total de 8 años.
De acuerdo al proyecto, la Colegiatura de Abogados se convertiría en una entidad asociativa privada, de orden legal, con personería jurídica y con funciones públicas, reconocida por el Estado colombiano, y cuya sede principal estaría en la capital del país.
El cumplimiento de las funciones propias de la Colegiatura de Abogados estará sujeto a la vigilancia y control del Ministerio de Justicia y del Derecho y la Comisión Nacional de Disciplina establecida en el propio proyecto de ley.