Una situación poco vista en materia de actos legislativos se registra en este Congreso porque al menos cinco iniciativas han avanzado en su trámite y podrían ser aprobados en esta legislatura. La creación de la jurisdicción agraria, la regulación del cannabis de uso adulto, así como reconocer al campesino como sujeto especial de derecho, son algunos de los proyectos.
La Constitución para blindar su integridad establece mayores requisitos al Congreso para reformarla, como es que los proyectos de acto legislativo requieren ser aprobados en 8 debates (en dos vueltas), a diferencia de las iniciativas de ley ordinaria o estatutaria, que demandan cuatro debates.
Además, la Constitución establece un ‘candado’ más a los proyectos de acto legislativo, pues el trámite tendrá lugar en una legislatura, a saber: el primero, que comienza el 20 de julio y termina el 16 de diciembre; y el segundo, desde el 16 de marzo hasta el 20 de junio.
Como consecuencia, hace que la gran mayoría de los proyectos de reforma constitucional se hundan porque no alcanzan a surtir el número necesario de debates en el tiempo establecido.
Una muestra de ello es que el año anterior no fue promulgado un solo acto legislativo; en 2021 el entonces presidente Iván Duque sancionó dos; en el año 2020, dos; en el 2019 también se presentó un comportamiento atípico en la tendencia, pues se promulgaron dos.
En el año 2018 fueron promulgadas dos reformas constitucionales. En el 2017 el entonces presidente Juan Manuel Santos estampó su firma en cinco actos legislativos.
Esto último, se explica porque el entonces gobierno presentó una serie de iniciativas para integrar a la Constitución algunos elementos del Acuerdo de Paz que firmó con las Farc.
Hay que señalar también al respecto que por la necesidad que tenía ese gobierno de implementar con prontitud el Acuerdo, el Congreso de la época aprobó un trámite abreviado de los proyectos de ley y de reforma constitucional. Como consecuencia, estos últimos no requirieron 8 debates sino apenas cuatro.
A continuación, las iniciativas que pintan para ser reformas constitucionales son
- Jurisdicción agraria y rural
En la presente semana la plenaria de la Cámara aprobó en sexto debate la reforma que crea la jurisdicción agraria. Ahora pasa a sus dos últimos debates en el Senado de la República.
Esta iniciativa fue presentada por el actual Gobierno, con el fin de que los conflictos de tierras sean resueltos por una jurisdicción especializada. Esta labor en la actualidad la cumplen la Corte Suprema de Justicia y en algunos casos el Consejo de Estado.
Hay consenso en las distintas bancadas de aprobar este proyecto, sin embargo, la Corte Suprema ha llamado la atención de que con dicha jurisdicción se cree una corte agraria y rural, pues señala que con la actual infraestructura y capacidad del sistema judicial es innecesaria.
El ministro de Justicia, Néstor Osuna, destacó que con “la jurisdicción agraria y rural tendremos la posibilidad de solucionar de modo pacífico lo que durante tantos años se ha ‘resuelto’ de modo violento".
- Cannabis en adultos
También esta semana la plenaria de la Cámara aprobó en sexto debate con 98 votos a favor y 57 en contra el proyecto de reforma constitucional que regula el consumo de cannabis de uso adulto avanza en su segunda vuelta, con aprobación en el sexto debate.
Esta iniciativa se ha presentado en múltiples ocasiones en el Congreso, sin que haya logrado salir adelante. Sin embargo, en esta ocasión ha logrado mayor respaldo por algunas fuerzas políticas y, lo que ha sido más fundamental, que los sectores alternativos y de izquierda crecieron de forma importante en este Congreso y le han ayudado con sus votos.
Para el representante Juan Carlos Losada, principal impulsor de esta iniciativa, “es solo a través de la regulación como le vamos a hacer frente al problema delincuencial que genera la ilegalidad, solo a través de la regulación vamos a ser capaces de hacerle frente a la máquina de guerra de los jíbaros y de los narcotraficantes. Este proyecto no es un favor para los narcotraficantes, muy por el contrario, el favor es mantener la prohibición, la ganancia está en la ilegalidad del producto que se vende. Ahí es donde está el negocio de la droga”.
- Campesino, sujeto de protección
Con 84 votos a favor fue aprobado, en sexto debate, en la plenaria del Senado el acto legislativo por medio del cual se reconoce al campesinado como sujeto de especial protección constitucional, pasando ahora a la Cámara de Representantes para terminar su trámite.
La iniciativa de reforma constitucional fue presentada por el Gobierno Nacional y cuenta con el respaldo de la mayoría de las bancadas. Incluso en el sexto debate el Centro Democrático, partido de oposición, votó a favor.
Con la aprobación de este proyecto se busca garantizar el ejercicio pleno de los derechos individuales y colectivos de la población campesina como el acceso a la tierra, educación, salud, vivienda, seguridad social, recreación, crédito, comunicaciones, comercialización de los productos, asistencia técnica y empresarial, entre otros temas.
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- Receso legislativo
La plenaria del Senado de la República aprobó esta semana la iniciativa del Partido Cambio Radical que busca reducir el receso legislativo.
“El proyecto de receso legislativo le permitirá al Congreso tener mayor control político y actividad legislativa, igualmente se ajusta a la convención colectiva del Congreso de la República”, explicó el senador de Cambio Radical, David Luna.
Por su parte, el senador Carlos Fernando Motoa aseguró que con esta iniciativa se logrará una mayor productividad. “Entendemos que legitima al Congreso y nos acerca al querer de la ciudadanía.
De aprobarse la iniciativa en los dos debates finales en la Cámara, se reducirá el receso del segundo período de la legislatura, pues ya no será entre el 16 de diciembre y el 16 de marzo, sino entre el 16 de diciembre y el 16 de febrero.
- Derecho a la alimentación
En abril pasado fue aprobado en la Comisión Quinta del Senado el proyecto de reforma el artículo 65 de la Carta Política para establecer la obligación del Estado de dirigir sus políticas hacia el aseguramiento del derecho a la alimentación, a proteger contra el hambre y la desnutrición, a la soberanía alimentaria y a la seguridad alimentaria de su población.