Human Rights Watch (HRW) publicó un informe en el que señala que los enfrentamientos de grupos armados en la frontera entre Colombia y Venezuela han provocado un aumento dramático de la violencia en los primeros meses de 2022, forzando a miles de personas a huir de sus hogares. En plena campaña electoral, EL NUEVO SIGLO revisa la posición de algunos candidatos presidenciales al respecto.

La directora en funciones para las Américas de HRW, Tamara Taraciuk Broner, sostuvo que “los grupos armados están cometiendo abusos brutales contra civiles en la frontera entre Colombia y Venezuela, en algunos casos con la complicidad de miembros de las fuerzas de seguridad venezolanas, y la respuesta de las autoridades colombianas ha sido inadecuada e insuficiente”.

“Las autoridades colombianas deben redoblar urgentemente sus esfuerzos para proteger a la población y asistir a las personas desplazadas, y la Misión de Determinación de los Hechos de la ONU debe investigar la responsabilidad de las fuerzas de seguridad venezolanas en los abusos de las guerrillas”, agregó.

De acuerdo con el informe, los grupos armados que operan en el departamento de Arauca, y en el vecino estado Apure, en Venezuela, utilizan la violencia para controlar la vida cotidiana de las personas. Imponen sus propias reglas, incluyendo toques de queda, la regulación de la pesca, el pago de deudas y el horario de cierre de los bares; y establecen sus propias sanciones para casos de violaciones, robos y asesinatos.

HRW indicó que los grupos armados que operan entre los departamentos de Arauca y Vichada, y en el vecino estado Apure, en Venezuela, incluyen el Eln; el Comando Conjunto de Oriente; y, en Apure, la Segunda Marquetalia y las Fuerzas Patrióticas de Liberación Nacional (FPLN), un grupo armado venezolano formado en la década de 1990.

Los candidatos presidenciales

A lo largo de la campaña política, los aspirantes a la Presidencia se han pronunciado sobre Venezuela y la protección que desde este país se da a los integrantes de los grupos armados ilegales.

Íngrid Betancourt envió la siguiente respuesta a EL NUEVO SIGLO: “Repensar la manera en cómo estamos manejando este tema. Quiero que tengamos mucha más presencia en las fronteras, recordarles que tenemos un problema grave con Venezuela, no solamente porque no compartimos la misma ideología sino porque, adicionalmente, nos está llegando parte de los problemas y de su violencia”.

“También el tráfico de armas. Para mí lo importante es el pueblo venezolano. Yo considero que el régimen de Maduro es una dictadura, pero es una realidad que tenemos al lado nuestro y tenemos que enfrentar. La condición para que restablezca relaciones diplomáticas con Venezuela es que Maduro nos entregue los cabecillas de las organizaciones delincuenciales que están operando tras la frontera venezolana y que están afectando nuestro orden público”, agregó.

“El régimen dictatorial de Maduro es una realidad política que no podemos desconocer. Yo sí hablo con él cuando nos entregue los cabecillas de las organizaciones que están delinquiendo desde el territorio venezolano”, concluyó.

El candidato del Movimiento de Salvación Nacional, Enrique Gómez Martínez, también envió su posición a este medio: “La impunidad que caracteriza a Venezuela y la agenda de interferencia en Colombia explican los graves problemas que se viven en Arauca, en el Catatumbo y en grandes partes de La Guajira ligados al imperio criminal que domina al vecino país”.

“Debemos exigir y reclamar de manera formal ante el gobierno venezolano y no remitirnos simplemente a las instancias multilaterales que nada realizan y nunca condenan precisamente el derrumbe de la institucionalidad en Venezuela, cooptada por las mafias del narcotráfico. Por eso reclamamos una acción más decisiva de la Fuerza Pública con un nuevo criterio operacional en zonas de frontera, para prevenir y proteger las violaciones de derechos humanos y proteger a estas poblaciones con una acción enérgica operacional de nuestras Fuerzas Militares”, explicó.

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Por su parte, Federico Gutiérrez había dicho: “Yo estuve en Arauca y la situación de orden público es lamentable y la situación de derechos humanos, y los que están generando la violencia allá son básicamente el Eln y las disidencias de las Farc, pero como son tan cobardes, cometen crímenes y pasan el río a Venezuela, donde los protegen”, expresó.

“Toda esa violencia que está ocurriendo, tanto ahí como en otras regiones, tiene un cómplice y es Maduro, esto no es un cuento; es una dictadura que tiene relación con Colombia a través del Eln, las Farc en su momento, las disidencias, organizaciones criminales, Piedad Córdoba, Petro y todos los afines a esto”, finalizó.

De otro lado, el candidato Rodolfo Hernández en su programa de Gobierno, un documento de 76 páginas, compuesto por cinco capítulos con 35 ítems, una de sus propuestas tiene que ver con buscar la paz con la guerrilla del Eln.

Hernández indica que espera aplicar un “otrosí” al acuerdo de paz con la extinta guerrilla de las Farc, con el fin de duplicar el formato que se utilizó con ese grupo para el caso del Eln. De acuerdo a lo anterior, su plan de Gobierno plantea: “Abrir un proceso de acercamiento del Eln al Acuerdo de Paz firmado con las Farc. Basta un otrosí en el que se incluya a esta organización como firmante del acuerdo. No se establecerán nuevas mesas de negociación que impliquen interminables conversaciones”.

El candidato de la Coalición Centro Esperanza, Sergio Fajardo, propone, frente a las relaciones con Venezuela, “apostarle a la negociación para que la oposición pueda participar en unas elecciones democráticas. Tenemos que hacer parte de estas negociaciones en el momento en que corresponda, y así abrir canales para que muchos venezolanos que quieren volver a su país puedan hacerlo”.

Por último, Gustavo Petro ha reiterado que “si nosotros ganamos la Presidencia de Colombia, el 7 de agosto del año 2022, se restablecen las relaciones diplomáticas y consulares con Venezuela, independientemente de quién gobierne allá”.

Las recomendaciones de Human Rights Watch

• Realizar un diagnóstico integral de las necesidades de todas las personas obligadas a huir de Apure que se encuentran en Arauca y Vichada, así como de los desplazados internos.
• Garantizar el acceso a un estatus legal en Colombia para los venezolanos forzados a huir de Apure, incluyendo los indígenas que necesiten protección internacional.
• Adoptar e implementar un plan integral de respuesta humanitaria que asegure que los venezolanos que lleguen a Arauca y Vichada tengan acceso a asistencia humanitaria básica, incluyendo alimentos, albergue, equipos de protección personal y artículos de higiene necesarios para evitar la propagación del covid; atención médica, incluyendo acceso a servicios de salud sexual y reproductiva; y acceso a agua potable y saneamiento básico.
• Trabajar con el gobierno municipal de Puerto Carreño para decretar e implementar un “estado de calamidad pública”, lo que permitiría asignar mayores recursos del Gobierno nacional para apoyar los esfuerzos humanitarios para brindar ayuda a las personas desplazadas.
• Asegurar que la Unidad Nacional de Protección, organismo gubernamental encargado de proteger a las personas en situación de riesgo, fortalezca los esquemas de protección para defensores de derechos humanos, líderes comunitarios, comunidades indígenas y excombatientes de las Farc en Arauca y Vichada, tomando en cuenta el aumento de la violencia en la región.
• Garantizar que los menores de edad, incluyendo los desplazados, estén protegidos contra su reclutamiento y uso por grupos armados en el conflicto, y que se garantice su acceso a la educación.