Cargos a exsecretaria de Educación por posible corrupción | El Nuevo Siglo
Secretaría de Educación Medellín
Martes, 2 de Mayo de 2023
Redacción Web

La Procuraduría General de la Nación profirió pliego de cargos contra la Exsecretaria de Educación de Medellín, Martha Alexandra Agudelo Ruiz, por presuntamente haber inobservado el principio de transparencia y el deber de selección objetiva en el proceso de contratación, en el cual se contrató de forma directa a la Corporación Colombia Avanza para la atención integral a la primera infancia, mujeres gestantes y madres lactantes a través de la modalidad Entorno Familiar del programa Buen Comienzo de la Alcaldía de Medellín.

De acuerdo con las pruebas recaudadas por el ente de control, la Secretaría de Educación de Medellín celebró contrato de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión con la Corporación Colombia Avanza bajo contratación directa; sin embargo, dicha modalidad de selección escogida no se ajustaba al objeto, necesidad, líneas de trabajo y obligaciones específicas que debía cumplir el contratista, pues las condiciones establecidas desde la etapa precontractual imponían al contratante el deber de iniciar el proceso teniendo en cuenta otra modalidad de selección precedida de una convocatoria pública.



Según la Procuraduría General, Martha Alexandra Agudelo Ruiz, en su calidad de Secretaria de Educación de Medellín para la fecha de los hechos, tenía el deber de controlar los procesos de contratación, lo que hace evidente su participación en cada una de las etapas del mismo. 

También es claro que tenía conocimiento de la modalidad de selección que se aplicaría para contratar el objeto establecido, desde los estudios previos y en los demás documentos que conformaron dicha etapa primigenia, como integrante del Comité Interno de Planeación de la Secretaría de Educación de Medellín.

Por lo anterior, el órgano de control determinó que la exsecretaria de Educación de Medellín presuntamente incurrió en falta gravísima consistente en participar en la etapa precontractual y/o contractual con desconocimiento de los principios que regulan la contracción estatal, a título de culpa gravísima.