DURANTE LA audiencia realizada ayer 18 de diciembre, la jueza tercera penal municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá decretó medida de aseguramiento en la cárcel el Buen Pastor de Bogotá contra Sandra Ortiz, exconsejera presidencial para las regiones por el escándalo en la Unidad de Gestión del Riesgo, luego de ser vinculada por el Sneyder Pinilla al caso.

La exfuncionaria se convierte, de momento, en la pieza de más alto rango vinculada al gobierno de Gustavo Petro por este caso, luego de que Pinilla asegurara que fungió como mensajera en la red de funcionarios y congresistas que desviaron 3.000 millones de pesos del contrato de carrotanques para la Guajira y con los que buscarían, presuntamente, favorecer reformas dentro del Congreso de la República.

Tras escuchar el veredicto, la exfuncionaria pidió la palabra y aseguró inicialmente que “desde 2017 fue la única que sacó un plan de acción provisional. Ellos lo sabían, lo sabían Sneyder y Olmedo, y ellos jamás nos reportaron el tema de los carrotanques. Tenemos la evidencia en la consejería. Si me hubiese dado cuenta, yo misma hubiese denunciado”.

Enseguida afirmó que “yo avisé a Laura Sarabia de los carrotanques”, dejando claridad sobre el conocimiento del caso y las denuncias de la entonces jefe del despacho presidencial, y ahora directora del Dapre.

“Hoy las personas que realmente están implicadas no están acá. Y nunca las van a mencionar porque eso era un negocio de ellos, y unos terceros. Una semana antes dije que iba a denunciar el complot que había en presidencia contra mí (…) yo sabía que querían un ‘chivo expiatorio’ porque sí hubo corrupción en la Ungrd. Y entonces, esa persona que tiene mucho poder en la presidencia, esa mujer está al lado del presidente y ella fue la que armó ese complot en mi contra”, dijo Ortiz, en lo que presuntamente sería un señalamiento más a Laura Sarabia.

La medida de aseguramiento había sido solicitada por la Fiscalía, argumentando que Ortiz estaría destruyendo material probatorio que la implicaría al caso, así como a otros implicados. Durante la sesión, la jueza argumentó que fueron los delitos de lavado de activos y tráfico de influencias le fueron imputados a Ortiz y al representar un peligro para la sociedad, debía ser internada en la prisión para mujeres en Bogotá.

La defensa de la exfuncionaria pidió una medida de prisión domiciliaria, solicitando además la prohibición de comunicación externa, con medios de comunicación y las visitas en su domicilio, apoyados además que en una prisión corre riesgo la vida de Ortiz, así como de su familia. No obstante, el equipo de abogados también pidió que, en caso de no ser aprobada la prisión domiciliaria, fuera remitida a un cantón militar en la ciudad de Bogotá para garantizar su seguridad.

Ante esta solicitud, la Fiscalía pidió que la exasesora fuese remitida a un patio para funcionarios públicos, lo que la jueza terminó declinando al asegurar que “entre tanto el Inpec nos diga si hay un lugar apropiado para funcionaria pública dentro de las cárceles (…) no tendríamos esa seguridad que ella está viviendo, y no quisiéramos pasar por ese riesgo que atenten contra su vida”.

Ante esta solicitud, la juez que lleva el caso dio la derecha a la defensa de la funcionaria y determinó que, por estas razones “el juzgado enviará a la señora Sandra a una de las guarniciones militares”, dijo la juez.

¿Qué dijo Sarabia?

Mientras la audiencia a Sandra Ortiz se realizaba en los juzgados de Bogotá, Laura Sarabia estaba siendo condecorada con la Estrella Cívica de la Policía por parte del presidente Gustavo Petro, quien en el mismo evento entregó la insignia al canciller Luis Gilberto Murillo y a la ministra de Ambiente Susana Muhamad.

Sin embargo, la funcionaria tuvo tiempo para dar respuesta a Ortiz, tanto en sus redes sociales como a medios de comunicación. Primeramente, en su cuenta de X escribió que “liderar un complot: cumplir con todos los requerimientos judiciales que me han hecho las autoridades como directora del Dapre para entregar información”.

A lo anterior, agregó otro apartado en el que señaló que “mi ingreso al Dapre fue el 28 de febrero de 2024, y uno de mis primeros actos, acordados con el presidente, fue pedir la renuncia al director de la Ungrd e indicarle que debía suspender toda la contratación, mensajes que constan en chat en el mes de febrero”. Finalmente, puntualizó que su función ha sido cumplida, aunque “entiendo que el que las hace se las imagina”.

Liderar un complot: cumplir con todos los requerimientos judiciales que me han hecho las autoridades como directora del DAPRE para entregar información.

Mi ingreso al DAPRE fue el 28 de febrero de 2024, y uno de mis primeros actos, acordados con el presidente, fue pedir la…

— Laura Sarabia (@laurisarabia) December 18, 2024

Tras el evento Sarabia dijo a los medios que desde su ingreso al Dapre ha cumplido con los requerimientos de las autoridades, además de afirmar que “más allá de eso, es una historia fantasiosa (los señalamientos de Ortiz), que no tiene pruebas, y que hoy lo que realmente conoce el país es una historia real y muy dolorosa”.

Y respecto a los chats que hace alusión la ‘mano derecha’ del presidente, afirma que estos ya fueron entregados a las autoridades, y puntualiza que la instrucción de Gustavo Petro ha sido tratar de cumplir y esclarecer el caso de la Ungrd.

Los altos cargos implicados

Este nuevo señalamiento pone, una vez más, en aprietos a varios de los más altos cargos del gobierno Petro. Si bien se encuentra en proceso de investigación, el exministro de Hacienda Ricardo Bonilla dejó su cargo en medio de diversas acusaciones proferidas por María Alejandra Benavides, quien fue asesora del jefe de esta cartera.

Benavides apuntó en declaraciones que el exministro tenía conocimiento de todo el entramado de corrupción, apuntando además que Bonilla habría autorizado la redirección de 92.000 millones de pesos en el mismo caso.

Otro alto mando relacionado en este caso fue el exministro del Interior Luis Fernando Velasco y Jaime Ramírez Cobo, entonces asesor del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre). Asimismo, el congresista Iván Name, que además ejercía como presidente del Senado; y Andrés Calle, mismo cargo, pero en la Cámara de Representantes, presuntamente habrían recibido dineros con el fin de impulsar y favorecer reformas del Gobierno en el Congreso.

En el caso también se han señalado a los representantes Wadith Manzur, Karen Manrique, Julián Peinado; los senadores Liliana Esther Bitar y Juan Pablo Gallo, y el excongresista Juan Diego Muñoz Cabrera. Luis Carlos Barreto y Pedro Andrés Rodríguez Melo, funcionarios pertenecientes a la Ungrd, fueron otros de los acusados, además de Olmedo López y Sneyder Pinilla, exdirectivos de la entidad y quienes iniciaron con las primeras revelaciones dentro de este acto de corrupción.