El Gobierno tendrá que dar cuenta a la Corte Constitucional, la próxima semana, de las medidas que ha adoptado para proteger la integridad de los líderes sociales en los territorios así como la actividad que ellos realizan en favor de sus comunidades. Para tal fin fueron citados los ministerios del Interior y de Hacienda, así como la Unidad Nacional de Protección (UNP).
Según cifras de oenegés, desde la firma del Acuerdo de Paz, en el 2016, han sido asesinados más de 400 líderes sociales en diferentes regiones del país, en las cuales hacen presencia la guerrilla del Eln, las disidencias de las Farc y otros grupos delincuenciales dedicados al narcotráfico, la minería legal y la extorsión.
En el informe correspondiente al 2021 de la alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, sobre la situación en Colombia, indicó que durante el año “el Acnudh recibió 202 alegaciones de homicidios de personas defensoras de derechos humanos, de las cuales verificó que en 100 existía un vínculo entre su muerte y su labor en defensa de los derechos humanos y 102 resultaron no concluyentes”.
La Corte Constitucional, mediante Auto 538 de 2022, convocó a la citada audiencia, el 28 de abril, dentro del proceso de tutela T-8.018.193 y acumulados, la cual se realizará de manera virtual.
El asunto versa sobre nueve acciones de tutela presentadas por 18 ciudadanos que se identifican como población líder y defensora de derechos humanos contra varias autoridades estatales, entre ellas, la Presidencia de la República, el Ministerio del Interior, la Fiscalía General de la Nación, el Ministerio de Defensa, la UNP y la Procuraduría General de la Nación.
Los accionantes consideran vulnerados sus derechos fundamentales como consecuencia del incumplimiento de las obligaciones de respeto, garantía y protección de su vida y de los colectivos que integran.
Según los escritos de tutela, la afectación de los derechos se produce en diferentes escenarios: algunos de los accionantes no cuentan con protección de la UNP; otros afirman que si bien el Estado les ha brindado protección a través de esquemas de seguridad, ello no ha sido suficiente dado que no son eficaces y no tienen enfoque diferencial de género, étnico racial, cultural, ni territorial.
Igualmente, destacan que ello ha afectado la representación de las colectividades y que no existen políticas que eviten la estigmatización sistemática de la cual son víctimas.
A la sesión fueron citados representantes de los accionantes; la Defensoría del Pueblo; la Procuraduría General de la Nación; la Fiscalía; la Federación Colombiana de Municipios; el Gobernador del departamento del Cauca; la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes); la oenegé Somos Defensores; el exnegociador para la paz, Humberto de la Calle Lombana; la Misión de Verificación de Naciones Unidas; la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y Human Rights Watch.
La Corte Constitucional explicó que la audiencia abarcará cuatro ejes temáticos. Primero, la situación actual de protección a la vida y la integridad de la población líder y defensora de derechos humanos. Segundo, las medidas legislativas, administrativas y presupuestales adoptadas por el Estado para efectos de implementar una política pública de protección la población líder y defensora de derechos humanos.
Tercero, la efectividad de las rutas de protección y de las medidas para garantizar la vida y la integridad de la población líder y defensora de derechos humanos y de grupos, colectivos y/o comunidades que tienen por objeto la defensa de los derechos humanos.
En cuarto lugar, la garantía de protección a la vida y a la integridad de la población líder y defensora de derechos humanos acorde con el Acuerdo Final para la Paz.
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Qué ha dicho el Gobierno
Hace pocos días, el consejero presidencial para los Derechos Humanos y Asuntos Internacionales, Jefferson Mena Sánchez, dijo que la protección y garantía de los derechos de los líderes y personas defensores de derechos humanos es una prioridad para el Estado, y en ese sentido destacó que en este Gobierno se ha logrado una reducción de las cifras de violencia contra esta población.
Explicó que entre 2010 y 2015 se registró un total de 369 víctimas de homicidio, siendo los años 2012 y 2013 los de más casos.
Entre los años 2015 y 2017 se presentó un aumento en los casos de homicidios superior al 21%. Del 2017 a 2018 esta tendencia se mantuvo con un incremento del 27%, pasando de 84 casos a 115 casos.
A partir de la información registrada por la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas en Colombia, en el 2019 se empieza a evidenciar la disminución, registrando 108 casos.
Ya para el 2020, de acuerdo con la información registrada por la Defensoría del Pueblo, continúa la tendencia a la reducción de casos, situándose entre el 2020 y el 2021 con un 20% de disminución, dijo Mena.