CNE mantiene competencias para investigar campaña de Petro | El Nuevo Siglo
EL PRESIDENTE Petro recurrió ante la Corte IDH contra la investigación que abrió el CNE en su contra por presuntas irregularidades en su campaña. / Foto: Montaje ENS, fotografia CNE y Presidencia
Miércoles, 9 de Octubre de 2024
Redacción Web

CRECE COMO la espuma la polémica por la decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) de formular cargos al presidente Petro e investigar su campaña en 2022 porque encontró que superaron los topes de gastos por más de $5.000 millones. El mandatario arreció ayer las críticas al organismo, pues sostiene que no tiene competencia para actuar en su contra; mientras que la oposición política enfatiza que él no está por encima de la ley y que no es cierta su afirmación que es el principio de un golpe de estado.

Sin embargo, la Sala de Consulta del Consejo de Estado dejó ayer en firme su decisión del pasado 6 de agosto, cuando dictaminó que el CNE tiene competencia para investigar en lo administrativo al presidente y a su campaña. Aunque advirtió que en caso de que se determine responsabilidad del mandatario, el proceso debe ir a la Comisión de Acusación de la Cámara para una eventual salida del cargo.

El Alto Tribunal hizo esa reiteración al rechazar una petición de nulidad que presentó el abogado Héctor Carvajal, a nombre del presidente, contra la decisión del CNE de formularle cargos por las irregularidades en su campaña.

En horas de la mañana de ayer el mandatario se reunió con medios comunitarios de 698 municipios, en donde sostuvo que su gobierno está haciendo los cambios que prometió, pero que “ahora vemos cómo esa clase política tradicional usa unas instituciones y las deforma para tratar de tumbar la elección del 2022”.

El jefe de Estado reiteró que “claro que el CNE no es competente para que yo deje el cargo, pero abrió la puerta al formular cargos de manera inconstitucional. Es un prevaricato que busca el golpe parlamentario. No se me acusará de ningún delito, que no he cometido, se me hará un juicio por indignidad cuando no se ha sobrepasado ningún tope de la campaña”.

Además, insistió en la movilización popular en defensa de su mandato e hizo un llamado a sus bases a prepararse para buscar mantener el poder en las elecciones del 2026, dejando la responsabilidad de los pasos a seguir a la asamblea nacional popular, que se instaló hace un mes en la Universidad Nacional.

“La asamblea nacional popular será la que determinará los pasos a seguir y es que si van a tumbarnos del gobierno vamos por el poder”.

Por otra parte, el Gabinete se movilizó para respaldar al presidente Petro en una carta firmada por todos los ministros.

"Los aquí firmantes representamos al primer gobierno progresista en la historia del país y rodeamos al señor presidente, respetando la dignidad que la Constitución y el pueblo de Colombia le otorgan", señalan en el escrito.

También el Gobierno recurrió ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) la decisión tomada por el CNE de formular cargos al mandatario por la financiación de su campaña.

Del mismo modo, Mauricio Pava, abogado defensor del presidente, solicitó ayer a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara “que se levante cualquier tipo de reserva existente” sobre la investigación que adelanta esta célula legislativa al mandatario por supuestas irregularidades en la financiación de su campaña.

Por su parte, el embajador de Colombia ante la OEA, Luis Vargas, se refirió en el consejo permanente del organismo a la situación del presidente Petro por la decisión del CNE.

“Me veo en la obligación de presentar ante este Consejo Permanente, la grave situación que se presenta en Colombia y que atenta contra la democracia y el orden constitucional del país”, dijo Vargas.

Competencia del CNE

El presidente del CNE, César Lorduy, se pronunció por la polémica que desató la investigación a Gustavo Petro y su campaña presidencial por superar los montos en 2022.

“La actuación del CNE solamente es de carácter administrativo. El fuero del señor presidente en términos penales y disciplinarios solamente corresponde al Congreso. Y aún imponiendo nosotros una multa, la continuación de esa decisión le corresponde al Congreso”, explicó Lorduy a El Tiempo.

Añadió que “hemos cumplido con lo que dice la decisión del Consejo de Estado, la ley 996 y lo que dice la Constitución. Si más adelante se produce una decisión por una autoridad competente que nos diga lo contrario, la acataremos.