EL MINISTERIO de Educación, encabezado por Aurora Vergara, presentó las primeras versiones de dos proyectos de ley: por un lado, el proyecto de ley estatutaria que busca regular el derecho fundamental a la educación y, por otro lado, el proyecto de ley ordinaria por el cual se reformará de manera integral la Ley 30 de 1992.

Bajo esta premisa, este Diario consultó con integrantes de la Comisión Sexta de Senado y Cámara su concepto frente a esta propuesta.

El senador Robert Daza señaló que el proyecto de ley de reforma estatutaria a la educación puede leerse como un esfuerzo por garantizar la educación como derecho fundamental. “Tres elementos son muestra de ello: primero, amplía la discusión de la educación como bien común, más allá de entenderla solo como un servicio; segundo, considera que la educación debe garantizarse en todas las etapas de la vida del ser humano, desde su nacimiento; y tercero, ubica un capítulo relacionado con equidad y ruralidad lo que reconoce las diferencias en términos de brecha, cobertura y calidad para que se eduque la población que habita el campo en el país”.

Sin embargo, afirmó que se viene un trabajo arduo durante el debate de este proyecto que, según indicó, debe hacerse en unidad y con la participación incidente de todos los actores de la educación para que surta efecto y se nutra lo suficiente.

“Se debe ampliar la discusión en términos de financiación y garantía de recursos para que todo lo propuesto se cumpla, todo en perspectiva de fortalecer la educación pública, incluir elementos esenciales para la educación de hoy como el género, los derechos de las mujeres, el ambiente, y a la ruralidad. Hay que incluir la perspectiva del campesinado como sujeto de derechos, donde las identidades, saberes y campos de formación para las y los campesinos sean ejes constructores de una educación en equidad, con justicia social y para la paz”, afirmó.

A su turno, la senadora Soledad Tamayo manifestó que a pesar de que el Ministerio ha venido realizando un trabajo de socialización con diferentes actores en el país, aún no se tiene el documento final para revisar el impacto que pueda tener esta propuesta.

“Sin duda, implica todo un reto hablar de educación superior pública como derecho fundamental que preciso mencionar. Refleja el sentir y la necesidad de la sociedad colombiana de abogar por la garantía al acceso a educación superior pública de cientos de familias, y para ello se propone aumentar el número de recursos destinado a este propósito. Hablar del reto que implica hablar de educación pública como derecho fundamental. La reforma no solamente implica la asignación de mayores recursos para las universidades públicas, con el propósito de permitir un mayor número de oportunidades en el acceso a educación superior. También requiere el desarrollo de medidas que apunten al fortalecimiento de instancias de gobierno al interior de las mismas, con la finalidad de que se garantice que los recursos se inviertan en la mejora de la infraestructura, en el pago de salarios a maestros, elementos que redundan en mejorar la calidad académica de las instituciones”, explicó.

Asimismo, puntualizó que es fundamental que se abra una discusión sobre el derecho que tienen las comunidades en las regiones al acceso a la educación superior pública como un elemento clave en su desarrollo y progreso.

“En este escenario, se requiere de una educación pertinente, de calidad, orientada bajo el contexto particular y las necesidades propias de cada territorio. En esa medida, es importante pensar en el nuevo rol que las instituciones de educación superior públicas están llamadas a desarrollar en las regiones a través del fortalecimiento de agendas de investigación, que les permita consolidar una oferta de prestación de servicios que aporte al desarrollo local. Las escuelas normales están llamadas a jugar un rol estratégico, toda vez que se encargan de la formación de los maestros en el país, y es a través de ellas que podemos generar procesos de mejora de largo aliento en la calidad educativa impartida en las zonas rurales. Si bien, la reforma menciona a las escuelas normales como actores parte del Sistema Nacional de Educación Superior, será necesario que, al interior de la discusión, avancemos en medidas que le permitan fortalecer su labor a través de mayor claridad en el acceso a recursos y en el desarrollo de una regulación particular a través de un régimen de naturaleza especial”, manifestó.

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Preparados para el debate

El senador Gustavo Moreno sostuvo que el Congreso de la República está a la expectativa sobre la o las reformas a la educación que quiere impulsar el Gobierno.

“Sabemos que el Ministerio de Educación tiene previsto radicar dos proyectos de ley, uno de tipo estatutario y el otro ordinario para reformar la Ley 30 de 1992, pero aún es incierta la estrategia legislativa que quiera imprimirle el Gobierno Nacional al proceso. Si bien la ministra aseguró que primero va la estatutaria y luego la de reforma a la ley 30/92, es algo que el Gobierno Nacional debe evaluar junto con el Congreso de la República para evitar contratiempos por términos legislativos, especialmente para el proyecto de reforma por cuanto el segundo periodo es mucho más corto y es un tema de alto interés y relevancia social”, explicó.

En ese sentido, agregó que desde la Comisión VI están preparados para iniciar el debate.

“Desde la presidencia de esta comisión, se liderarán varias audiencias y foros públicos para socializar ambas iniciativas y escuchar a la ciudadanía y los sectores afines al sector educación. Esperamos trabajar conjuntamente con el Gobierno y que este trámite sea abierto, sin apuros y transparente para poder lograr un buen resultado desde el punto de vista legislativo”, dijo el senador Gustavo Moreno.

Por su parte, el representante Eduard Triana afirmó que la Comisión Sexta tiene una responsabilidad muy grande con la educación de este país.

“Por eso le hacemos un llamado al gobierno, qué va a pasar con la educación de nuestros jóvenes en las regiones, qué va a pasar con la oferta educativa, qué va a pasar con los recursos para financiar esta oferta educativa. Debemos pensar en garantizar que toda educación sea de calidad, así como garantizar financiación y que todos estos jóvenes que necesitan estudiar y que se están desplazando de las regiones a las ciudades tengan verdaderamente las garantías. Desde la Comisión Sexta de la Cámara de Representantes vamos a estar muy atentos, pendientes, vigilantes y proponentes en el proceso de la educación en Colombia”, señaló.

Finalmente, el Representante Ciro Rodríguez comentó que el proyecto de ley que presenta el Gobierno Nacional tiene elementos importantes.

“Sobre todo el fortalecimiento de la educación en la primera infancia que es la base fundamental para lograr que el sistema educativo en nuestro país mejore en calidad, en cobertura y que llegue a los sitios más apartados. En lo que tiene que ver con la educación básica y la educación media, que amplía el ciclo hasta el grado 12 para que tengamos en esto un año de transición hacia la educación superior, esperamos dar el debate y mirar justificaciones para dar este paso”, sostuvo.

Añadió, además que por eso este debate que empieza, que consolida la educación como un derecho fundamental, genera expectativa en ellos en torno a que tenga las incidencias que requieren desde el Congreso, principalmente lograr la cobertura universal que sea de calidad para tener la educación como la base fundamental del desarrollo del país.